La tormenta de pogromos contra los inmigrantes que sacudió Torre Pacheco convirtió sus calles en un territorio de pánico con vecinos atrincherados tras las persianas, mientras patrullas improvisadas con palos y machetes tomaban las calles.
En la noche del 13 de julio, un grupo de ultras vestidos de negro irrumpió en un restaurante de kebabs y lo destrozó con bates de béisbol, rociando gas pimienta mientras los trabajadores huían por la puerta trasera. Al día siguiente, Antonio —15 años, adolescente de madre vasca y padre marroquí— fue linchado por esta turba que lo había identificado como objetivo por su color de piel. El terror no llegó en patera: lo trajeron hordas organizadas en grupos de Telegram y amparadas por Vox, que justificaba la supuesta "autodefensa" mientras los titulares de los grandes medios buscaban clics, sin contrastar la información.
La noticia inicial era clara —un jubilado agredido y los presuntos autores detenidos o siendo buscados por la policía—, pero en cuestión de horas se metamorfoseó en una epopeya delirante: el canal supremacista 'Deport Them Now UE' inundó Telegram con vídeos de peleas filmadas en Torrevieja e incluso en México, vendiéndolas como "las últimas imágenes de Torre Pacheco".
El anciano se convirtió así en "el abuelo de las mil caras": cojeaba en una secuencia nocturna, aparecía ensangrentado en otra, pero nunca era el mismo. Los mismos clips desfilaron por tertulias de prime time y en webs de prensa conservadora. Para cuando los hechos contrastados asomaron en portada, el relato ya estaba blindado y miles de perfiles clamaban "cacería" contra cualquiera que pareciera magrebí. ¿Cómo pudo suceder todo esto?
El Ministerio del Interior computó 2 268 delitos de odio en 2023, un 21 % más que el año anterior; solo dos ejercicios antes la cifra era de 1.869. Esa pendiente ascendente responde en gran parte a una potente campaña orquestada en las redes sociales y que ha calado en la capa que Marx llamó lumpen-proletariado: sectores desclasados, sin proyecto propio, que la reacción moviliza como fuerza de choque contra otros trabajadores.
Torre Pacheco es el espejo roto de un urbanismo abandonado.
Los ejemplos abundan. El 2 de mayo de 2014, bandas neonazis cercaron la Casa de los Sindicatos de Odesa y carbonizaron a 43 manifestantes antifascistas. En Venezuela, en las "guarimbas" se levantaron barricadas armadas, dejando decenas de muertos y pavimentando la agenda de la oposición contra el movimiento popular: palizas por "chavista" o por "parecer chavista", es decir, por tener un color de piel menos blanco de lo deseado. Tiempo antes, en la Comuna de París de 1871, Marx advirtió de cómo ese lumpen se había vendido al mejor postor para ahogar la revuelta obrera. Es esa misma lógica de violencia horizontal la que recorrió estos días las calles murcianas, desviando la frustración social hacia los últimos de la fila mientras el capital —que es quien provoca realmente la degradación de las condiciones de vida— permanece a salvo.
Torre Pacheco es el espejo roto de un urbanismo abandonado. El 83 % de los contratos se firman en el campo y casi el 60 % recaen ya en migrantes; un tercio de la población es extranjera. Los bloques de los setenta languidecen sin alcantarillado ni transporte nocturno, mientras los planes de rehabilitación duermen en cajones institucionales. No fueron los migrantes quienes deterioraron la zona; más bien fueron sus degradados salarios y derechos los que los empujaron allí, con alquileres a 250 euros en naves ruinosas.
Echar la culpa al migrante es culpar de manera hipócrita al último eslabón de la cadena, dejando intacto al patrón que paga miseria, al consistorio que protege al terrateniente y al Ministerio de Trabajo que hace la vista gorda. Por no mencionar al imperialismo que los forzó a emigrar.
Algunos llegan al extremo de sostener que sus condiciones precarias “empujan los salarios a la baja”, como si la solución a la desorbitada avaricia de la patronal pasara por dividir a la clase trabajadora, entre nativos e inmigrantes. Evidentemente, ese problema no se resuelve enfrentando penúltimos contra últimos, sino justo lo contrario: con organización del conjunto de los trabajadores (con independencia de su origen) para reclamar que a igual trabajo, igual salario y mismos derechos.
Echar la culpa al migrante es culpar de manera hipócrita al último eslabón de la cadena, dejando intacto al patrón que paga miseria.
Este debate, de hecho, es similar al que se dio con la introducción de la mujer en el mercado productivo y, en ese sentido, la estrategia a seguir fue fijada ya por el movimiento obrero hace un siglo. Solo colocando la igualdad salarial y contractual de los migrantes en el centro de la agenda sindical —para que ninguna empresa pueda usarlos como mano de obra de segunda— y de la movilización social se neutralizará la estrategia de la patronal.
Un informe del Ministerio de Inclusión revela que la brecha salarial bruta entre asalariados españoles y extranjeros alcanza el 23 % —unos 500 euros mensuales—; además, los trabajadores foráneos siguen concentrados en los nichos más precarios, donde se encadenan contratos de corta duración y jornadas a destajo. La Ley de Extranjería agrava esa vulnerabilidad al permitir que faltas penales menores se canjeen por expulsiones exprés, un mecanismo que, solo en 2023, motivó 1.221 solicitudes de la Fiscalía. El mensaje disciplinario es diáfano en un contexto de constante penalización de la lucha sindical, como se ha visto en Cádiz: si eres inmigrante, reclamar derechos puede costarte el permiso de residencia.
Sobre esa base material se construye la criminalización simbólica. Estudios académicos muestran cómo el acrónimo "mena" (en referencia a los migrantes menores no acompañados) se usa en discursos políticos y mediáticos como sinónimo de delincuente, sedimentando un estereotipo. Así, mientras Vox promete la "repatriación masiva" de siete millones de personas —Donald Trump intentó lo mismo hasta que el agro estadounidense le recordó quién recoge la cosecha—, los pogromos racistas y la retórica antiinmigrante cumplen una función precisa: garantizar mano de obra barata sin quejas.
Realmente, volviendo al inicio, quien saquea este territorio no viene precisamente en patera. Fondos como Blackstone, con más de 30.000 viviendas en España, lograron que el Supremo bendijera operaciones denunciadas por inflar alquileres y forzar desahucios. Por su parte, la agroexportación murciana factura 2 900 millones anuales mientras paga jornales a destajo.
El neofascismo de hoy mezcla hooligans de barrio y campañas virales. Combatirlo no es una cuestión de "derechos humanos", sino de lucha sindical: los sindicatos mayoritarios deberían haber convocado de manera inmediata una huelga de recogida en el campo murciano hasta que el pogromo cesara. Cuando los temporeros marroquíes de El Ejido sufrieron un pogromo racista en el 2000, respondieron con la primera huelga indefinida de migrantes del Estado; la cosecha se paralizó, pero el acuerdo firmado con patronal, CCOO y UGT jamás se cumplió. Torre Pacheco es solo el último eslabón de esa cadena de agro-precariedad, silencio institucional y sindicatos cómplices.
Pero, más allá incluso de Torre Pacheco, prevenir la extensión de este brote pasa por la organización: asambleas barriales, sindicatos de inquilinos que combatan la especulación, secciones sindicales que protejan los derechos laborales, comités de verificación que arranquen el micrófono a las fake news.
Obviamente, es necesario defender a la parte más precarizada de la clase trabajadora. "¡Malos tiempos aquellos en los que hay que defender lo evidente!", rezaba una sentencia atribuida a Brecht. Si dejamos que el capital siembre miedo, recogeremos fascismo y división por abajo; si sembramos unidad por abajo frente a los de arriba, podrá florecer una alternativa política que redirija la frustración popular hacia sus verdaderos causantes.
