La ley anti-inmigrante de Arizona entra en campaña
Los arrestos masivos de inmigrantes y el incremento de la burocracia administrativa en la policía local son algunas de las consecuencias que, a tenor de algunos expertos, podría acarrear la legalización de la controvertida ley de Arizona, cuya constitucionalidad empezó a debatir la Corte Suprema de EE. UU., que emitirá un dictamen al respecto en junio.
En declaraciones a RT Javier Durán, profesor y director del programa 'Estudios Fronterizos' en Arizona, cree que esta tensión e inestabilidad en torno a la SB1070 republicana, que permite detener a las personas solo por parecer indocumentado a ojos de la policía, podría unir a los votantes latinos en torno a la candidatura demócrata de Barack Obama en las presidenciales de noviembre.
El argumento principal usado por el Gobierno de Obama, que repudia la iniciativa (que entraría en vigor el 29 de julio), es que viola la Constitución estadounidense, ya que con ella Arizona se ha adjudicado competencias en materia de inmigración que corresponden al Gobierno federal.
Sin embargo, al escuchar los argumentos a favor y en contra de la constitucionalidad de la ley, la mayoría de los magistrados cuestionó esta postura oficial. "Parece que el gobierno federal no quiere saber quién está aquí ilegalmente", sentenció el presidente del máximo tribunal, John Roberts, ante el abogado general de la nación, Donald Verilli.
En caso de ser legisladas las partes más controvertidas de la SB1070, la politica migratoria podría endurecerse aún más, ya que esto desbloquearía una serie de normas similares en otros estados tales como Alabama, Carolina del Sur y Utah, suspendidas hasta el verdicto final.
Por su parte, los defensores de los derechos de los inmigrantes califican la normativa de "potencialmente racista" y la consideran "la más importante" sobre la materia en décadas por su influencia en la legislación nacional y en los derechos civiles.
La SB1070 fue promulgada por la gobernadora republicana Jan Brewer el 23 de abril del 2010 y entró en vigor a finales de julio de ese mismo año, pero después fue parcialmente bloqueada y posteriormente suspendida hasta el momento.