La democracia y el desarrollo del Estado, según Vladímir Putin

Vladímir Putin, el primer ministro de Rusia y candidato a la Presidencia del país por el partido Rusia Unida, ha publicado un nuevo artículo en el que explica los puntos clave de su programa sobre el desarrollo de la democracia en Rusia, el sistema judicial, la implicación de la ciudadanía en la gestión estatal a través de las nuevas tecnologías y la lucha contra la corrupción.  A continuación, reproducimos el texto completo de la publicación.

El desarrollo sostenible es imposible sin un Estado capaz. Y la democracia auténtica es un requisito indispensable para construir un Estado comprometido en servir a los intereses de la sociedad.

La verdadera democracia no se crea de un día para otro, no se copia siguiendo un ejemplo externo. Es necesario que la sociedad esté lista para emplear las herramientas democráticas. Para que la mayoría de la gente se sientan ciudadanos, esté lista para, de forma regular, prestar su atención, su tiempo y su esfuerzo para participar en el proceso de gobierno. En otras palabras, la democracia funciona allí donde la gente está lista para invertir algo en ella.

A principios de los años 90 nuestra sociedad estaba enardecida por el proceso de descomposición que transcurría delante de sus ojos del sistema monopartidista soviético, del sistema de 'ordeno y mando'. [Enardecida] por la transición hacia la cercana, como parecía entonces, soberanía del pueblo. Sobre todo cuando los modelos de democracia civilizada y madura estaban tan cerca, en EE. UU. y los países de Europa Occidental. Sin embargo la implantación de las formas democráticas del Estado derivó casi a renglón seguido en la suspensión de las reformas económicas necesarias, y poco después estas mismas formas resultaron ocupadas por las élites oligárquicas locales y centrales, que impúdicamente usaban el Estado al servicio de sus intereses y se repartían los bienes de todo el pueblo.

Por mi experiencia yo sé que y en aquel período en el poder había no pocas de personas honestas e inteligentes, sinceramente volcados en hacer el bien para el pueblo. Gracias a estas personas el Estado no desapareció, a duras penas se resolvieron los problemas más inmediatos, a pesar de la inconsistencia y lentitud, se llevaban a cabo ciertas reformas esenciales. Pero en general el sistema que se estableció resultó ser el más fuerte.

Como resultado de los años 90, bajo la bandera de la ascensión de democracia no obtuvimos un Estado moderno, sino la lucha encubierta de clanes y un sinnúmero de dominios semifeudales. No una nueva calidad de vida, sino los enormes costes sociales. No una sociedad justa y libre, sino la arbitrariedad de los ‘élites’ autoproclamadas, que abiertamente despreciaron los intereses de la gente común y corriente. Todo esto ‘envenenó’ el tránsito de Rusia hacia la democracia y la economía del mercado, generando la desconfianza de la mayor parte de la población acerca de estos mismos conceptos, la desgana de tomar parte en la vida social.

El filósofo ruso Pável Novgoródtsev ya a principios del siglo pasado advirtió: “Frecuentemente se piensa que la proclamación de toda clase de libertades y del sufragio electoral universal tiene por sí misma la fuerza mágica de dirigir la vida por nuevos caminos. Pero, en realidad, lo que en muchos casos se plasma en la vida, suele ser no democracia, sino, dependiendo de las circunstancias, u oligarquía o anarquía”.

En los años 90 nosotros nos topamos tanto con la anarquía, como con la oligarquía. Este periodo estuvo literalmente penetrado por la crisis del pensamiento estatal responsable. Sería ingenuo vincular sus causas sólo con las acciones interesadas de los oligarcas y los funcionarios de mala fe. A comienzos de los años 90 nuestra sociedad se componía de personas, liberadas del comunismo , pero que no habían aprendido a ser dueños de su propio destino, acostumbradas como estaban a esperar la benevolencia del Estado,  que muchas veces caía en las ilusiones sin ofrecer resistencia a la manipulación. Por eso tanto en la vida económica, como en la política hasta determinado momento funcionó aquel principio viciado del "que primero llega, se lo come todo”.

Pero la sociedad ha completado este difícil camino de maduración. Eso nos permitió a todos sacar al país del atolladero. Revitalizar el Estado. Restablecer la soberanía popular, que es la base de la verdadera democracia.

Quiero subrayar que esto lo hemos hecho con métodos democráticos y constitucionales. La política realizada en década de los años 2000, materializaba paso a paso la voluntad del pueblo. Eso pudo comprobarse cada vez con las elecciones. Y, entre elección y elección, por medio de los sondeos.

Si vemos cómo nuestra población valoraba y valora sus derechos principales, vemos que los primeros puestos los ocupa el derecho al trabajo (la posibilidad de un salario laboral), el derecho a la asistencia médica gratuita, el derecho a la educación de los niños. La recuperación y garantía de estos derechos esenciales fue la tarea que resolvía el Estado ruso, que resolvimos Dmitri Medvédev [actual presidente de Rusia] y yo desde el cargo de presidente del país.

Hoy nuestra sociedad es totalmente distinta a la que teníamos a principios de los años 2000. Cada vez más gente tiene mayor poder adquisitivo, está más preparada, es más exigente. La transformación de las exigencias a las autoridades, la salida de la clase media de su pequeño y estrecho mundo donde construían su propia prosperidad es el resultado de nuestros esfuerzos. Trabajábamos para eso.

La competencia política es el nervio de la democracia, su fuerza motriz. Y si esa competencia refleja los intereses reales de los grupos sociales, refuerza en muchas ocasiones la “capacidad” del Estado. En garantizar desarrollo económico. En la movilización de los recursos destinados a los proyectos sociales. En la garantía de defensa y de justicia para los ciudadanos.

Hoy en día, la calidad de nuestro Estado se retrasa respecto de la voluntad de la sociedad civil de participar en él. Nuestra sociedad civil se ha vuelto incomparablemente más madura, activa y responsable. Tenemos que modernizar los mecanismos de nuestra democracia. Deben ‘incorporar’ la actividad social incrementada.

Sobre el desarrollo de la democracia

Hoy la Duma Estatal (Cámara baja del Parlamento ruso) recibió una serie de propuestas sobre el desarrollo de nuestro sistema político y de partidos. Se trata de facilitar el registro de partidos, de anular la necesidad de recolectar firmas para participar en las elecciones de la Duma Estatal y los organismos legisladores regionales, de reducir la cantidad de las firmas de electores necesaria para registrarse como candidato en las elecciones del Presidente del país.

Las condiciones de registro, el reglamento de la actividad de los partidos políticos, los mecanismos del proceso electoral, todo esto por su puesto que es importante. El 'clima político', al igual que el de las inversiones, exige un perfeccionamiento constante. Pero, junto con ello, hay que centrar la atención en primer lugar en cómo el mecanismo político vela por los intereses de los grupos sociales.

Estoy seguro de que no necesitamos una farsa y la competición de promesas infundadas. No queremos una situación donde la democracia se reduce a un letrero, cuando en vez del 'poder del pueblo' tenemos un divertido show político y un casting de candidatos, cuyos contenidos quedan mermados por las declaraciones enfáticas y las acusaciones mutuas. Y la política real pasa a la sombra de los acuerdos ocultos y decisiones que en principio no se discuten con ningún elector. Tenemos que eludir precisamente de este callejón sin salida, esta tentación de 'simplificar la política', de crear una democracia ficticia para contentar a la gente. La política contiene una parte inevitable de mecanismos políticos. Pero los fabricantes de imágenes, los 'maestros de la publicidad' no deben dirigir a los políticos. Sí, estoy seguro de que la gente no va a 'picar' en estas cosas.

Hay que ajustar los mecanismos del sistema político de modo que fije y refleje a un tiempo los intereses de grandes grupos sociales y asegure la coordinación pública de estos intereses. De modo que garantice no sólo la legitimidad del poder, sino también la certeza de la gente en su justicia (incluso en los casos cuando estén en minoría).

Necesitamos un mecanismo a través del cual el pueblo pueda proponer para el poder a las personas responsables, profesionales, orientadas al desarrollo nacional y estatal y capaces de alcanzar resultados. Necesitamos un mecanismo comprensible, operativo y abierto a la sociedad para elaborar, aplicar y realizar medidas, tanto estratégicas, como tácticas.

Es importante que creemos el sistema político dentro del cual la gente pueda y deba decir la verdad. Los que proponen soluciones y programas tengan la responsabilidad de realizarlos. Los que eligen a los que toman las decisiones comprendan a quien y que eligen. Eso garantizará la confianza, el diálogo constructivo y el respeto mutuo entre la sociedad y el poder.

Nuevos mecanismos de participación

Debemos demostrar nuestra capacidad de reacción ante las demandas de la sociedad, cada vez más complejas y que adquieren rasgos cualitativamente nuevos propias del 'siglo informatizado'.

Una enorme y creciente cantidad de ciudadanos rusos se han acostumbrado ya a obtener la información inmediatamente, con un simple clic de ratón. La información libre y sin censura sobre la situación en el país origina de forma natural en los ciudadanos una necesidad de participación permanente, y no cada vez que hay elecciones,  en la política y gestión estatal.

De ahí que la democracia moderna como soberanía popular no pueda reducirse únicamente a acudir a las urnas y contentarse con esto. A mi juicio la democracia consiste tanto en el derecho fundamental del pueblo a elegir el poder como en la posibilidad de influir permanente en las autoridades y en el proceso de toma de decisiones. Eso quiere decir que la democracia ha de tener mecanismos de acción permanente y directa, eficaces canales de diálogo, de control social, de comunicación y de retroalimentación.

¿Cómo se plasma esta retroalimentación en hechos? La creciente cantidad de información política debe transformarse en calidad de participación política, autogestión civil y control. Ante todo se trata de la discusión en la sociedad de anteproyectos legislativos, de decisiones y programas que se aprueban a todos los niveles del poder estatal, de la valoración de leyes vigentes y de la eficacia de su uso.

Los ciudadanos y las asociaciones profesionales y sociales deben disponer de la posibilidad de 'testar' de antemano todos los documentos estatales. La crítica constructiva por parte de las asociaciones de empresarios, profesores, médicos y científicos ya está ayudando a evitar que se tomen decisiones erróneas y a encontrar mejores soluciones.

Por ejemplo, el año pasado, en el marco de “la valoración de efecto regulador” que se lleva a cabo junto con la comunidad empresarial, ya en la etapa inicial fueron declinadas la mitad de actas legislativos, porque entorpecían el desarrollo económico de Rusia. Es bueno que este “filtro” haya empezado a funcionar. Queda por verificar si abarca completamente todos los sectores importantes del negocio.

Es preciso mejorar el lenguaje normativo. Si no logramos hacerlo armónico (en la antigüedad las leyes con frecuencia fueron redactadas en forma versificada para mejorar su memorización) habrá por lo menos que hacerlo comprensible para los destinatarios de tales normas. Es importante crear un interfaz interactivo cómodo en las páginas web de los organismos del poder público para reflejar y poder discutir completamente los planes y programas, así como los resultados del monitoreo de su implantación. Quisiera solicitar a la asociaciones profesionales de lingüistas y diseñadores web que ayuden al Estado en ello. La historia apreciará altamente este aporte.

Continuo. Debemos darnos cuenta de que una de las principales tendencias en el mundo de hoy es la mayor complejidad de la sociedad. Cada agrupación profesional o social plantea sus propias necesidades. El Estado debe responder a este reto y corresponder a esta compleja realidad social. Una de las principales soluciones a esto podría venir del desarrollo de organizaciones de autogestión, cuyas competencias y posibilidades deben ser ampliadas. Por otra parte, las mismas organizaciones de autogestión deben elaborar y remitir para su posterior aprobación reglamentos técnicos y estándares nacionales en los correspondientes sectores y áreas de gestión.

Resulta indispensable evitar la burocratización de las organizaciones autogestionadas y -con su ayuda- evitar la creación de barreras “autoreguladas” (sobre todo en aquellos sectores donde no debe haber riesgos inadmisibles, o la seguridad de las cuales está garantizada por métodos reguladores estatales). Para ello se requiere la completa transparencia de las organizaciones de autogestión, sus informes periódicos dirigidos a la sociedad y a los participantes del mercado. Espero que la autogestión sea uno de los pilares de una sociedad civil fuerte en Rusia.

Estamos practicando ya la publicación de proyectos legislativos en internet. Cada persona es capaz de enviar sus sugerencias y observaciones. Estas propuestas se estudian y las mejores y más consistentes se toman en consideración en las versiones finales de los anteproyectos. Este mecanismo de selección colectiva de soluciones óptimas o “cloud sourcing”, como lo llaman los expertos, ha de convertirse en norma a todos los niveles.

Sin embargo en este caso se hace uso sólo del “derecho pasivo”, es decir de la posibilidad de un ciudadano de reaccionar a unos u otros proyectos o ideas de las autoridades o legisladores. Tenemos que prever además “el derecho activo”, consistente en brindar a la ciudadanía la posibilidad de formar la agenda legislativa, promover sus proyectos y formular las prioridades.

En relación a esto propongo introducir la revisión obligatoria por parte del Parlamento de aquellas iniciativas sociales que sean apoyadas por cien mil o más votos en internet. Una práctica semejante se aplica por ejemplo en Reino Unido. Por supuesto para ello ya no servirá un internet anónimo, aunque en otros casos sí que ayuda a revelar el Estado de ánimo de la sociedad. Habrá que elaborar el procedimiento de registro de las personas que deseen participar en este sistema.

La 'democracia en internet' debe ser integrada en la corriente común del desarrollo de las instituciones de la democracia directa de referendos. Debe ser aplicada con más frecuencia en los niveles municipal y regional. En cada municipio deben tener lugar no sólo las elecciones directas de los jefes y diputados de la asamblea municipal. Otros encargados que ocupan los puestos clave también deben ser valorados por la gente. Por ejemplo, tras el primer año del trabajo del jefe del departamento local de policía, los residentes del barrio deben tener la posibilidad de voto, si quieren que este hombre siga sirviendo en su barrio. De la misma manera, se puede plantear la cuestión sobre el jefe del centro local de servicios comunales o sobre el juez de paz si no es elegido por los ciudadanos.

Es necesario que los ciudadanos puedan votar en los niveles de su municipio, de su ciudad, someter sus problemas más acuciantes a referendos locales o encuestas de internet, sacar a la luz los puntos débiles y las vías para mejorarlos.

Una tarea importante es cambiar el modo de trabajo de los consejos públicos ante los organismos del poder ejecutivo. En el momento actual, si decimos la verdad, su trabajo tiene un carácter formal y demostrativo. Hay renunciar al enfoque, según el cual los consejos son formados por departamentos; su personal debe ser aprobado, por ejemplo, por la Cámara Pública de Rusia, y para los organismos regionales, por las cámaras públicas respectivas. Los consejos públicos deben dejar de ser cómodos para los jefes de los departamentos. Hay que garantizar la participación en ellos de expertos verdaderamente independientes y de los representantes de las organizaciones sociales interesadas. Hay que establecer la lista de los actos normativos y programas que no pueden ser aprobados sin una discusión previa y pública en el Consejo Público. La competencia de los Consejos Públicos puede también incluir la participación en la actividad de las comisiones de concursos y atestaciones y en las comisiones para la solución del conflicto de intereses en condiciones de igualdad con el departamento.

Quisiera decir algo sobre las perspectivas de desarrollo del proyecto 'gobierno electrónico'. Ahora nuestros ciudadanos pueden acceder a cualquier información sobre los debates políticos en el parlamento, sobre el estado de los mercados mundiales, sobre los matrimonios y divorcios de las estrellas de Hollywood. Pero con frecuencia no pueden recibir la información sobre sus pagos por los servicios comunales, o ver su historial médico online, o saber de su comisario de policía.

El sitio oficial de información sobre los contratos estatales ya se ha convertido en un mecanismo poderoso anticorrupción, muchos servicios estatales también han sido convertidos al formato electrónico. Eso está bien. Pero la mayoría de la gente requiere información esencial sobre su casa, su vecindario, su parque, su escuela, su municipio. Hay que prestar atención especial al fundamento del poder electrónico: sitios de municipios y sujetos de la Federación Rusa.

Propongo que en este año la Cámara Pública y el Consejo por la Sociedad Civil y los Derechos Humanos ante el Presidente de Rusia elaboren y lleven a cabo una discusión pública y propongan proyectos de las listas de  información obligatoria para los sitios de las instituciones educativas y médicas.

Hay que enfocar con más precisión el proyecto 'gobierno electrónico' hacia las necesidades y demandas de los ciudadanos. Hay que hacer pública de la forma más detallada posible la información sobre la actividad de los organismos estatales y municipales. Hay que hacer el mecanismo estatal comprensible y accesible a la sociedad a través de las tecnologías electrónicas.

Autoadministración local: una escuela de democracia

Alexánder Solzhenitsyn escribía sobre el papel de la autoadministración local lo siguiente: “Sólo así la gente podrá definir a los elegidos, conociendo bien tanto sus capacidades de acción como sus cualidades espirituales. Aquí no van a durar las reputaciones falsas, no va a servir la elocuencia fingida ni las recomendaciones del partido… Sin una autoadministración local organizada correctamente no puede haber una vida buena y el mismo concepto de la “libertad civil” pierde sentido”.

Estas palabras contienen una idea muy precisa: la democracia de un Estado grande se forma de la “democracia de espacios pequeños”. La autoadministración local es una escuela de responsabilidad ciudadana. Al mismo tiempo, es un “colegio de formación política” que modela las competencias clave de un político novato: la habilidad de llegar a un acuerdo con diferentes grupos sociales y profesionales, hacer llegar sus ideas a la gente de una manera inteligible, defender los derechos e intereses de sus votantes. Considero que es precisamente en el sistema de autoadministración local donde deben “endurecerse profesionalmente” los políticos y gobernantes estatales.

En cuanto a las líneas concretas de aumentar la eficacia de la autoadministración local, primeramente, debe permanecer un poder “al paso peatonal”, es decir, los municipios no deben crecer desconsideradamente. En segundo lugar, los municipios deben obtener una completa independencia financiera y autonomía. Tener recursos suficientes para cumplir sus funciones, resolver los problemas diarios del pueblo. Hay que superar la dependencia de los “pedazos de ayuda desde arriba”, los cuales reprimen la independencia y la responsabilidad, generando el parasitismo. Y en el fondo hacen que la misma existencia del nivel municipal del poder pierda sentido.

A este respecto, propongo pasar al nivel municipal todos los impuestos para micro y pequeñas empresas que ahora funcionan en condiciones de regímenes tributarios especiales. Por supuesto, eso requiere equilibrar las funciones entre las entidades federativas y las municipalidades. Si los últimos reciben más recursos, el volumen de sus responsabilidades ante los ciudadanos puede ser aumentado.

Los que más necesitan la intensificación de la independencia económica son las ciudades grandes y medianas. Aquí es donde, por lo general, se concentra el potencial financiero del país y los ciudadanos más activos. Las ciudades funcionan como fuentes del crecimiento económico y focos de iniciativas ciudadanas. Al entregar muchas funciones y muchos recursos financieros del centro federal en las manos de las autoridades regionales, es importante asegurarse de que las ciudades no queden indefensas ante los dirigentes regionales.  

Igual de importante es garantizar un carácter de colaboración de socios entre los gobernadores y alcaldes, las asambleas legislativas regionales y urbanas. No es ningún secreto que a menudo sus relaciones son conflictivas y en las condiciones de electividad de los gobernadores podrían agravarse. Sobre todo, si en el sujeto de la Federación llega al poder un partido y en la ciudad otro.

Hay que dejar de establecer índices para la autoadministración local desde el nivel regional y vincular con ellos la prestación de recursos financieros. Los dirigentes municipales deben rendir cuentas a sus votantes.

Un asunto aparte y palpitante es el destino de las ciudades en las cuales vive una parte considerable de nuestros ciudadanos. A menudo carecen de fuentes de ingreso normales y se ven obligados a vivir de las transferencias del presupuesto regional. Al mismo tiempo, una pequeña ciudad es, en determinadas ocasiones, la mejor plataforma para la democracia municipal. La gente aquí se conoce muy bien, el trabajo de todos los servicios no es anónimo, está a la vista. Considero que hay que asegurar un carácter estable y a largo plazo de estos ingresos municipales (lo cual supone una cantidad estable y conocida de antemano de la transferencia regional). Excluir la situación cuando la actividad del alcalde se limita a conseguir fondos arriba con más o menos éxito y su evaluación depende de los jefes y no de sus propios ciudadanos. Entonces podremos contar aquí con la aparición de una nueva generación de políticos y gerentes sociales eficaces.

Sobre el federalismo ruso

Una de las tareas importantísimas en los inicios de la década anterior fue superar el separatismo “rampante”, tanto abierto como latente, la fusión de las autoridades regionales con el crimen organizado y los grupos nacionalistas. Por lo general, este problema está resuelto.

Hoy en día, en una nueva etapa de desarrollo, volvemos a las elecciones directas de los gobernadores. Con el presidente del país manteniendo los instrumentos de control y reacción, inclusive el derecho de destituir al gobernador de su cargo. Esto aseguraría una combinación equilibrada de descentralización y la centralización.
 
El centro ha de saber entregar y redistribuir las funciones. Y no sólo funciones sino también las fuentes de financiamiento de los presupuestos locales y regionales. No obstante, al mismo tiempo no se puede perder la gobernabilidad del país. No se puede “despilfarrar” la potencia estatal. Es inadmisible barajar mecánicamente los recursos y las funciones entre los niveles del poder. No debe haber un “fetiche” de la centralización o la descentralización.

La distribución de funciones estatales entre diferentes niveles del poder debe realizarse de acuerdo con un criterio claro: la función debe desempeñarse en el nivel de poder donde traiga el máximo beneficio para el pueblo ruso, su actividad empresarial y el desarrollo del país, en general.

También es obvio que el potencial del crecimiento de los sujetos de la Federación está lejos de agotarse. Pero en este ámbito hay que actuar de una manera razonable y sopesada. Basándose en la opinión de los ciudadanos.

Hay que tener en cuenta, además, el hecho de que los territorios de la Federación de Rusia se encuentran a diferentes niveles de desarrollo socio-económico. Asimismo, en diferentes planos socioculturales que no se pueden graduar desde el mejor hasta el peor. El estilo de vida de la gente es definido por diferentes tradiciones, costumbres, modelos de comportamiento. Por eso un valor incondicional para nosotros son los integradores, los poderosos factores consolidantes siguientes: la lengua rusa, la cultura rusa, la Iglesia Ortodoxa Rusa y otras tradicionales religiones rusas. Y, desde luego, la experiencia centenaria de la creación histórica de distintos pueblos en un solo Estado ruso unido. Esta experiencia, con toda su evidencia, indica que la nación necesita un centro federal fuerte, competente y respetuoso como el estabilizador de las relaciones interregionales, interétnicas e interreligiosas. Mientras tanto, nuestro objetivo histórico es revelar al máximo el potencial del federalismo ruso, crear estímulos para un desarrollo eficaz y activo de todas las regiones del país.

El Estado competitivo

La realidad de un mundo global es la competencia de Estados por las ideas, personas y el capital. Y en la práctica, por el futuro de sus países en un mundo globalizado.

Necesitamos una nueva conciencia estatal en el centro de la cual se encuentre la organización en Rusia de unas mejores y más competitivas condiciones para la vida, la creación y la empresa.
Esta lógica tiene que determinar la actividad de todo el aparato estatal. Tenemos que partir constantemente de que los ciudadanos de Rusia y, sobre todo el capital ruso, ven como todo está organizado en otros países y tienen el derecho a elegir lo mejor.  

Es importante concentrarse en las siguientes prioridades

Primero, romper el vínculo entre la autoridad y la propiedad. Tienen que ser establecidos claramente los límites del Estado, el término de su intervención en la vida económica, ya lo mencioné en el artículo económico.

Segundo, hace falta introducir ampliamente nuevas y viables prácticas de funcionamiento de las instituciones estatales de los países líderes. El criterio de préstamo tiene que ser la eficiencia comprobada para que cada ciudadano tenga un acceso cómodo y confortable a los servicios estatales, la reducción de gastos de finanzas y de tiempo. Esta base puede proveer la armonización de los estándares de servicio con las normas internacionales.

Tercero, vamos a desarrollar la competencia de los administradores estatales, gobernadores, alcaldes, funcionarios, en todos los niveles y en todos los casos cuando sea racional. Para ello organizaremos un monitoreo, la selección y la implantación profunda de las mejores prácticas de la administración estatal. Y para nuestras propias decisiones en el nivel federal y, para la información de los electores, en los niveles regional y municipal.

Cuarto, hace falta pasar a los estándares de los servicios estatales de nueva generación, no basados en la postura del ejecutor sino en la del consumidor de estos servicios, la empresa que transita una carga a través de la aduana, un ciudadano que recibe un certificado, un automovilista que formaliza un accidente de tráfico.

Cada persona debe entender claramente qué es lo que puede solicitarle a un funcionario en concreto por la información ofrecida en las páginas web de una u otra institución.

Quinto, apenas fue adoptada la ley que establece una evaluación real del trabajo y la responsabilidad de los funcionarios por el incumplimiento de los estándares en la concesión de los servicios estatales a la población y los empresarios. La inobservancia de los estándares se penaliza con multas. Propongo ir más allá e introducir en la legislación que la violación grave o repetida de los estándares conduzca a la desinvestidura. Un funcionario que trabaja mal, no solamente tiene que ser despedido sino, además, privado del derecho ejercer como un funcionario estatal y municipal.

Sexto, una solución eficiente de complicados problemas de la administración requiere un aparato de funcionarios adecuado por el nivel de calificación y experiencia de trabajo. Se necesitará la introducción de un sistema de pago por la labor de los funcionarios que permita considerar flexiblemente el estado del mercado laboral, asimismo por diferentes grupos profesionales. Sin ello sería ingenuo esperar una mejora cualitativa del cuerpo de los funcionarios y la llegada de gerentes responsables y eficientes.

Séptimo, el instituto de los defensores del pueblo obtendrá un mayor desarrollo. Seguiremos el camino hacia el aumento del profesionalismo y la especialización de este instituto. Creo que un instituto para la defensa de los derechos de los empresarios tiene que aparecer en cada sujeto de la Federación.

Nosotros tenemos que vencer la corrupción

Los trámites administrativos y la burocracia nunca fueron históricamente un motivo de orgullo nacional en Rusia. Hay una conocida conversación entre Nicolás I [Emperador ruso entre 1825 y 1855] y Alexander von Benckendorff [prominente militar en la época de Nicolás I], en la que el zar amenazó con “erradicar los sobornos con hierro candente”. Benckendorff respondió: “¿Con quién se quedará entonces, Zar?”

Las conversaciones sobre la corrupción en Rusia son banales. Existe la tentación histórica de vencer la corrupción con represalias; la lucha contra corrupción, sin duda, supone el uso de medidas represivas. No obstante, el problema aquí es considerablemente más profundo. Es un problema de transparencia y de control de las instituciones estatales por los civiles (a lo que me referí más arriba) y un problema de motivación de los funcionarios, de las personas que sirven al Estado. Y sobre esto, desde nuestro punto de vista, existen enormes dificultades.

Se conocen los siguientes datos sociológicos: los adolescentes, que durante “los malos 90” soñaron con hacer carrera de oligarca, ahora eligen en masa la carrera de funcionario estatal. Muchos ven esto como una fuente para lucrarse rápida y fácilmente. Con esta motivación, cualquier “limpieza” resulta infructuosa: si el servicio estatal es considerado no como servicio, sino como fuente lucrativa, entonces en lugar de los ladrones desenmascarados vendrán otros nuevos.

Para vencer la corrupción sistémica no sólo hay que separar el poder y la propiedad, sino también el poder ejecutivo y el control sobre ellos. La responsabilidad de la lucha contra la corrupción debe recaer sobre ambos, las autoridades y la oposición.

Sería correcto legislar un nuevo procedimiento sobre la nominación de candidatos a los puestos de Presidente y de los auditores en la Cámara de Cuentas y de la composición de la lista de miembros de la Cámara Pública. Los candidatos deben ser presentados no por el presidente, como ahora, sino por el Consejo de la Duma Estatal a condición de que todas las fracciones estén de acuerdo en la candidatura.

Creo que los miembros del Parlamento deben pensar en realizar el procedimiento legislativo de las investigaciones parlamentarias tal como debe ser en realidad. 

La lucha contra corrupción debe convertirse en una cuestión verdaderamente nacional, y no en objeto de especulaciones políticas, en campo para el populismo, la explotación política, el amiguismo y las propuestas de soluciones primitivas como, por ejemplo, las exhortaciones a represalias masivas. Los que más que otros gritan sobre la omnipresencia de la corrupción y exigen represalias no entienden que en el ámbito de corrupción las represalias también pueden ser objeto de una corrupción tal, que resulta inconcebible.

Proponemos decisiones reales, sistémicas, que nos permitirán realizar con una mayor eficacia el saneamiento de las instituciones estatales, introducir nuevos principios en la política de cuadros, en el sistema de elección de los funcionarios, de su rotación y remuneración. Como resultado tenemos que lograr que los riesgos para su reputación, para sus finanzas y condiciones materiales o de otro tipo hagan que la corrupción no les resulte ventajosa.

Propongo localizar los cargos ‘peligrosos’ que atraen la corrupción, tanto en el aparato del poder ejecutivo, como en la dirección de las compañías estatales, cuyos funcionarios deben recibir un salario alto, pero acorde con una transparencia absoluta, extensible a los gastos y adquisiciones de su familia. También hay que tener en consideración tales asuntos como el lugar real de residencia, los gastos para vacaciones, etc. Aquí sería útil considerar las prácticas anticorrupción que se realizan en los países europeos, que saben manejar estas cosas.

Hoy podemos responder a "la pregunta de Benkendorf”: sí, sabemos quiénes se quedarán. Tenemos tales personas, y no son pocas,  tanto dentro como fuera de la administración estatal.

En los organismos estatales y municipales trabajan hoy muchos profesionales que toda su vida dependen de un salario. Les ofende que los periodistas los pongan sin pensar al mismo nivel que a los funcionarios corruptos. ¿Cuántas personas honestas y eficaces estamos apartando de esta forma de prestar su servicio al Estado?  

Pienso que la sociedad y los medios de información deben restablecer la justicia en relación a los trabajadores honestos del Estado. La atención social debe volcarse en encontrar elementos probatorios de las acusaciones, lo que ayudará a llevar estos casos a juicio.

Pasar de las palabras a los hechos en la lucha contra la “gran” corrupción ayudará a acabar con esa corrupción con la que chocan los ciudadanos en su vida diaria: en la policía, en el sistema judicial, en la administración de viviendas y la gestión de su mantenimiento, en la sanidad y en la educación.

Vamos a actuar de modo consecuente, consciente y resolutivo. Eliminaremos las causas fundamentales de la corrupción y castigaremos a corruptos concretos. Estimularemos a aquellas personas dispuestas a servir a Rusia en cuerpo y en alma. De ese tipo de personas siempre hemos tenido muchas en nuestro país. Y ellas serán reclamadas.

Hemos podido con la oligarquía e igualmente podremos con la corrupción.

Sobre el desarrollo del sistema judicial

La cuestión más importante es un expreso carácter acusatorio y punitivo de nuestro sistema judicial.

Tenemos que solucionar el problema y ofrecemos unos pasos concretos.

Primero, haremos la justicia accesible para los ciudadanos. Entre tanto, introduciremos la práctica de la gestión judicial administrativa no sólo para el negocio sino para el estudio especial de las disputas entre los ciudadanos y funcionarios. El espíritu y el sentido de la práctica de la gestión judicial administrativa parten de que el ciudadano es más vulnerable que el funcionario con el cual litiga y que la carga de comprobar recae en la institución y no en la persona. Por lo tanto, la práctica de la gestión judicial administrativa inicialmente está orientada a la protección de los derechos de los ciudadanos.

Segundo, las uniones sociales obtendrán el derecho de presentar demandas judiciales para la protección de los intereses de sus miembros. Esto dará al ciudadano la posibilidad de luchar por sus derechos, por ejemplo, no litigar con un gobernador a solas sino en nombre de una gran organización social. Ampliaremos la esfera de la aplicación de las demandas colectivas que pueden presentar los ciudadanos.

Tercero, en el sistema de los tribunales de arbitraje ahora existe una base de datos de todas las decisiones judiciales que es de libre acceso. Tenemos que crear una base de datos similar en el sistema de juicios de jurisdicción general. Tenemos que pensar en crear la trasmisión web de las sesiones judiciales y la publicación de los informes estenográficos. En seguida se hará evidente cómo trabaja cada uno, qué decisiones se toman en las causas similares pero con diferentes participantes, dónde la motivación del juez proviene de una lógica no muy entendible y transparente. Además, un elemento particular del “derecho casuístico” servirá como un factor para el perfeccionamiento incesante del juzgado.

Cuarto, se necesita el renacimiento del periodismo judicial lo que permitirá más ampliamente y profundamente discutir los problemas legales de la sociedad, aumentar el nivel de la conciencia jurídica de los ciudadanos.

En conclusión, quiero subrayar, ofrecemos unas decisiones en concreto. Su realización práctica hace auténtico el poder popular, la democracia, y pone el trabajo del Estado al servicio de los intereses de la sociedad. Y todo este conjunto garantiza una evolución sostenible y exitosa a la moderna sociedad rusa.