El fiscal general de Paraguay, Emiliano Rolón Fernández, renunció este 17 de noviembre al cargo, acorralado por las críticas a su gestión en el Ministerio Público tras el desfalco de Ueno Bank, un caso que provocó la destitución y posterior encarcelamiento del expresidente Santiago Peña.
En su cuenta en la red social X, la presidencia de la Paraguay confirmó que había recibido la carta de dimisión al cargo que Rolón ejercía desde 2023.
"En la nota, el Fiscal General señala que su decisión se da en el marco del juicio político instalado en la Cámara de Diputados y que presenta su renuncia ante el Poder Ejecutivo, en su carácter de titular de su nombramiento", detalló la Presidencia.
La noticia no fue del todo sorpresiva, luego de que en los últimos días aumentara la presión política contra el funcionario, a quien varios sectores acusan de negligencia en las pesquisas ordenadas tras la intervención de Ueno Bank y que habrían beneficiado a varios implicados, entre ellos, al propio Peña.
Fallos sospechosos
Tras el escándalo que provocó una crisis bancaria en Paraguay, Rolón justificó los errores que se cometieron durante la investigación —como la demora en la incautación del teléfono del expresidente, los allanamientos tardíos y la falta de protocolos de custodia de pruebas— y los atribuyó al exceso de trabajo de los funcionarios del ente acusador y a la falta de personal.
Sus argumentos fueron fuertemente criticados e hicieron que varios juristas y parlamentarios pidieran su salida. La petición de juicio político ante la Cámara de Diputados se formalizó la semana pasada y contó hasta con el apoyo de la bancada oficialista.
- La crisis comenzó cuando el Banco Central inició un 'procedimiento de resolución' de Ueno Bank ante sus problemas financieros, lo que paralizó las operaciones de la entidad y dejó a millones de clientes afectados. Entre las acusaciones contra Peña figuran sus antiguos vínculos accionarios con el grupo empresarial que controlaba el banco, el nombramiento de Carvallo al frente del organismo regulador y la colocación de unos 355 millones de dólares del Instituto de Previsión Social (IPS) en la entidad, en operaciones cuyos límites legales fueron cuestionados.
- Los denunciantes sostienen que las autoridades del BCP conocían desde abril de 2026 los problemas de Ueno Bank, pero no adoptaron oportunamente las medidas necesarias para evitar la crisis. La investigación también examina las colocaciones de fondos de otras instituciones estatales, mientras miles de ahorristas reclaman recuperar su dinero.
- Peña fue destituido del cargo, pese a haber presentado su renuncia, y posteriormente fue puesto en prisión preventiva bajo los cargos de asociación criminal, lesión de confianza, administración en provecho propio y producción de documentos públicos de contenido falso.