El pasado 10 de agosto, un potente terremoto de magnitud 7,4 sacudió la zona oeste de Colombia y trajo consigo una de las peores emergencias sísmicas del siglo XXI. Un mes después, los afectados esperan que la ayuda del Estado llegue a sus territorios en medio de las críticas por el manejo de los fondos para atender la tragedia.
Según cifras oficiales preliminares, 296.738 familias, que equivalen a 466.709 personas, fueron afectadas en 16 departamentos del país. En este sismo murieron 331 personas, 4.505 resultaron heridas, 111 se encuentran desaparecidas y 364 fueron rescatadas.
En total, se han registrado 202.002 viviendas averiadas y 36.326 destruidas. Asimismo, hay 6.005 edificios con daños y 743 colapsados.
El Fondo de la Patria Milagro
El mandatario colombiano anunció que firmó 11 decretos "para pasar de la atención inmediata de la emergencia a la recuperación y reconstrucción de Colombia". En este grupo, se encuentra el llamado Fondo Patria Milagro, que es un patrimonio autónomo del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, que se creó mediante una fiduciaria mercantil para que administre los recursos.
Según el documento que circula en las plataformas sociales, el dinero dispuesto para esta bolsa puede provenir del presupuesto del Estado, de las donaciones públicas o privadas, de la cooperación nacional e internacional, entre otros recursos.
Hasta el momento, el jefe de Estado ha dicho que la reconstrucción en los departamentos afectados podría costar 30 billones de pesos (9.666 millones de dólares).
Críticas sobre el manejo de la emergencia
El Fondo Patria Milagro, puesto en marcha por el Decreto 1379 de 2026, ha sido cuestionado por los parlamentarios de la oposición puesto que su creación fue anunciada dos días después del evento sísmico y, hasta el momento, no se había firmado el documento. Por ello, los congresistas se han preguntado sobre el destino de las donaciones particulares y empresas que se le hicieron anteriormente a esa bolsa.
A estos señalamientos se le agregan las críticas al decreto presidencial donde se habilita el acceso a los recursos del Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales (Fonpet) para atender la emergencia, "por una sola vez, de un plazo extraordinario". Tras esta decisión, ha surgido la duda sobre si esos recursos serán restituidos posteriormente.
Desde el Congreso, mostró su rechazo la senadora opositora Martha Peralta, quien escribió en sus redes: "Una emergencia no puede convertirse en la excusa para trasladarles a trabajadores, pensionados y entidades territoriales el costo de la incapacidad fiscal del Gobierno". Asimismo, preguntó por qué no se le pedía una "contribución extraordinaria a los grandes patrimonios y sectores de mayores ingresos" del país suramericano.
Los departamentos más golpeados
Eldepartamento del Valle del Cauca fue el más afectado por el terremoto del 10 de agosto. Allí se cuentan 314.798 afectados, 87.000 viviendas con daños y 24.000 completamente colapsadas, según El Metro. Al respecto, la gobernadora, Dilian Francisca Toro, ha dicho que los recursos de esa entidad son limitados frente a la magnitud de la emergencia.
En el Chocó, donde estuvo el epicentro del movimiento telúrico, el evento natural incidió aún más en la precariedad de esa entidad, que tiene un índice de pobreza por encima de 60 %, el sismo afectó a 99.122 personas, recoge El Espectador. A un mes del terremoto, algunos habitantes aún siguen durmiendo en las calles y otros volvieron a sus casas, a pesar de que están inhabitables, por temor a los robos.
En Risaralda la situación no es mejor. Allí hay 54.000 damnificados y 35.000 viviendas tienen algún tipo de afectación, refiere Caracol. Tras este sismo, que ha causado también efectos negativos en 65 % del comercio, Pereira, la capital de esa entidad, podría tardar en reconstruirse unos cinco años.