¿Qué detonó la crisis en Ceuta y Melilla?: España refuta tesis clave
La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, y su homóloga danesa, Mette Frederiksen, publicaron este lunes un comunicado conjunto en el que rechazan la inmigración descontrolada hacia Europa y reclaman la creación de centros de repatriación en terceros países, en el contexto de la crisis migratoria desatada en la ciudad española de Ceuta.
Ambas mandatarias, que reconocen provenir de posiciones políticas muy diferentes, destacaron su voluntad común de "defender a Europa" y sus valores. "No aceptamos una inmigración incontrolada hacia Europa, y hemos promovido una política migratoria rigurosa, tanto en nuestras naciones como en Europa", señalaron Meloni y Frederiksen en el mensaje.
En este contexto, las líderes señalaron los "impactos negativos de la inmigración ilegal" en sus sociedades, incluyendo "el aumento de las tasas de criminalidad, la creciente presión sobre los servicios públicos y la erosión de la confianza ciudadana". Ambas consideran "particularmente grave" cuando migrantes ilegales sin derecho a permanecer en sus países cometen crímenes violentos, trafican drogas o son responsables de violencias sexuales.
"Comprensiblemente, los ciudadanos europeos esperan acciones concretas de sus representantes políticos. Durante demasiado tiempo, especialmente las personas comunes han pagado un precio demasiado alto debido a una inmigración incontrolada", afirmaron.
Asimismo, las primeras ministras plantearon la necesidad de realizar centros de repatriación en países terceros y otras soluciones innovadoras fuera de Europa.
"Ambas estamos orgullosas del patrimonio cultural cristiano de Europa y queremos protegerlo. Esperamos que quien llega a nuestros países y elige hacer de Europa su hogar respete nuestros valores y no intente imponernos modelos de vida que no compartimos", subrayaron Meloni y Frederiksen, concluyendo que esta es "la vía correcta para proteger a Europa" y sus valores comunes.
Tensión diplomática y crisis migratoria en Ceuta
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La declaración conjunta se produce tras la crisis migratoria ocurrida en la ciudad autónoma española de Ceuta, donde decenas de miles de personas ingresaron irregularmente desde Marruecos. Ante esta situación, una de las posiciones más firmes fue adoptada precisamente por Meloni, quien suspendió temporalmente el régimen de libre circulación Schengen en los enlaces marítimos y aéreos con España, reintroduciendo controles fronterizos.
El Gobierno español instó la semana pasada a Italia a poner fin a los controles fronterizos introducidos el 1 de agosto, argumentando que la medida afecta "la movilidad de miles de pasajeros", genera "inseguridad jurídica en pleno periodo estival" y fue adoptada "sin aviso previo, de forma unilateral, y con argumentos espurios que no se ajustan ni al Código de Fronteras Schengen ni a la verdad", según un comunicado del Palacio de la Moncloa.
Roma rechazó el requerimiento. "Italia no acepta ultimátums ni imposiciones del extranjero", declaró el Gobierno de Meloni, anunciando que las restricciones seguirán "al menos hasta el 15 de agosto" hasta considerar eliminados los riesgos para la seguridad.
España explicó que ninguno de los migrantes que ingresaron en Ceuta pudo acceder al espacio Schengen debido al régimen especial de la ciudad autónoma y que "la práctica totalidad" de ellos retornó a Marruecos. Al mismo tiempo, reprochó a Italia ser —según datos de Frontex— el Estado miembro de la UE que más cruces irregulares ha registrado en los últimos años.
Por su parte, Frederiksen instó a Bruselas a principios de agosto a evaluar todas las opciones, "incluida la suspensión de la cooperación Schengen", ante lo que consideró una amenaza para Europa derivada de la crisis de Ceuta.