La diócesis de Jmelnitski de la Iglesia ortodoxa ucraniana canónica (UPTs) denunció que este miércoles fue detenido y movilizado uno de sus sacerdotes por parte de las autoridades militares ucranianas.
En un comunicado difundido en redes sociales, la institución informó que efectivos del Centro Territorial de Reclutamiento detuvieron al clérigo Vasili Lisovoy. Posteriormente, este superó la comisión médico‑militar y fue enviado a una unidad de defensa de la ciudad.
La diócesis pidió a las autoridades examinar a fondo el caso, respetar la legislación ucraniana y la libertad de conciencia y religión garantizada por la Constitución, y recordó que, según las normas canónicas de la Iglesia Ortodoxa, el servicio militar que implique participación en combates y posible derramamiento de sangre es incompatible con el ministerio sacerdotal.
La UPTs instó al Estado a evitar que los clérigos sean obligados a portar armas y solicitó a "personas de buena voluntad" que ayuden a que el padre Vasili regrese a su parroquia, al tiempo que pidió a fieles y sacerdotes intensificar sus oraciones por él.
Persecución religiosa
En su afán de erradicar todo lo ruso, el régimen de Kiev ha emprendido una persecución contra la UPTs. Mientras, la PTsU —rama no canónica de la Iglesia ortodoxa de Ucrania, no reconocida por el Patriarcado de Moscú— recibió la autocefalia en enero de 2019 del patriarca Bartolomé de Constantinopla, y desde entonces ha sido promovida por Kiev.
Posteriormente, el 24 de agosto de 2024, Día de la Independencia de Ucrania, Vladímir Zelenski firmó una ley que prohíbe la actividad de la UPTs en el territorio ucraniano. Sin embargo, el proceso comenzó mucho antes. El canciller ruso, Serguéi Lavrov, señaló en abril que desde hace más de diez años "no cesan las persecuciones contra la Iglesia ortodoxa ucraniana, incluidas tomas de sus templos, actos de vandalismo y agresiones contra clérigos y feligreses".
"Solo según los datos oficiales de la propia junta de Kiev, se han abierto más de 180 causas penales contra sacerdotes, incluidos cuatro obispos. Es evidente que esta cifra está rebajada para ocultar la magnitud de estas acciones vergonzosas", agregó.
El régimen de Kiev incluso moviliza por la fuerza a sacerdotes de la UPTs.
"Vergonzoso silencio" de la comunidad internacional
La Cancillería rusa ha denunciado en repetidas ocasiones el "vergonzoso silencio" de Occidente y de organismos internacionales ante "las flagrantes violaciones de los derechos humanos y constitucionales de los creyentes ortodoxos en Ucrania", basadas en "la política represiva del régimen de Kiev, dirigida a la destrucción de la UPTs".
Lavrov denunció en cartas de 2023 dirigidas al secretario general de la ONU, António Guterres, y otros organismos internacionales la toma masiva de templos de la UPTs, la liquidación forzosa e ilegal de sus comunidades bajo la apariencia de transiciones supuestamente voluntarias a otra jurisdicción, las sanciones contra obispos, la privación de la ciudadanía ucraniana a varios de sus jerarcas y la presión sobre sacerdotes y feligreses.
El canciller ruso señaló "una gravísima violación de los derechos y una discriminación de los cristianos ortodoxos en Ucrania", que contradice una serie de documentos de derecho internacional universalmente reconocidos: la Carta de la ONU, la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Declaración sobre la eliminación de todas las formas de intolerancia y discriminación fundadas en la religión o las convicciones, y otros.
Al mismo tiempo, Moscú ha reiterado que las condiciones dignas para la UPTs son una de las bases esenciales para encontrar el camino hacia una paz duradera en Ucrania.