Frenar el reclutamiento de colombianos para participar en conflictos armados en el exterior se perfila como uno de los principales retos del próximo presidente de Colombia. El fenómeno global se ha agudizado en escenarios como Ucrania, adonde muchos llegan engañados, sin formación militar previa, y son utilizados como carne de cañón por el Ejército de Kiev.
Aunque recientemente el país latinoamericano se adhirió a la Convención Internacional contra el reclutamiento, la utilización, la financiación y el entrenamiento de mercenarios, aún falta definir el alcance de las sanciones internas, que corresponderá al nuevo Congreso y al nuevo Gobierno hacerlo.
El nuevo proyecto de ley prevé penas de prisión de entre 10 y 15 años, además de fuertes multas, para quienes dirijan, financien o utilicen a una o más personas para participar en hostilidades, acciones armadas o actos de violencia contra un Estado, su población o sus instituciones, tanto en territorio nacional como en el extranjero.
El congresista Alejandro Toro señala que se trata de un "problema de Estado", y destaca la necesidad de que el próximo presidente "tenga toda la apertura" de avanzar con el proyecto.
Asimismo, el investigador y docente de la Universidad Externado de Colombia, Andrés Macías, insiste en la necesidad de "establecer cuándo sería considerado un delito" y cómo prevenir reclutamientos que deriven en "actividades que violen los derechos humanos" o el derecho internacional.
Un problema de naturaleza transnacional
En el escenario electoral, entre los candidatos que se enfrentan en la segunda vuelta, solo el aspirante Iván Cepeda ha tenido una postura clara sobre el mercenarismo. Cepeda fue uno de los congresistas que impulsó la ley antimercenarios y ahora en su programa de gobierno propone medidas contra la creación, el reclutamiento y la operación de estos grupos.
En contraste, su contendiente, Abelardo de la Espriella, no se ha registrado ningún pronunciamiento al respecto, ni en espacios de discusión públicos ni en su plan de gobierno.
Lina Manrique, doctora en Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Colombia, reclama "una política pública de Estado que dé mayores garantías a los militares de la reserva activa". "Estamos hablando de profesionales en ciencias militares que a los 40 años ya están, no pensionados, sino en reserva activa y frente a propuestas sumamente atractivas para mercenarismo en Sudán, México o incluso en Ucrania".
Expertos apuntan al mercenarismo como un problema de naturaleza transnacional que debe ser abordado en articulación con otros países, y cuestionan el doble rasero de las sanciones que, desde Washington, se aplican a algunas empresas vinculadas al reclutamiento en ciertos conflictos como el de Sudán, mientras omiten a otras que captan mercenarios para el conflicto ucraniano.
En filas ucranianas
- De los combatientes extranjeros que luchan en las filas del Ejército ucraniano, los colombianos figuran entre los grupos con más presencia y, por consiguiente, con más bajas. Según distintas estimaciones, desde 2022 el número de mercenarios procedentes de esa nación suramericana oscila entre 2.000 y 7.000.
- Esas cifras son imposibles de verificar, ya que no hay estadísticas oficiales disponibles sobre la presencia de combatientes extranjeros en Ucrania, si bien en noviembre de 2024 la Cancillería colombiana hablaba de al menos 300 connacionales caídos en las hostilidades, mientras que en abril de este año reportó 438 "desaparecidos en combate".
- El presidente de Colombia, Gustavo Petro, que ha condenado en múltiples ocasiones que soldados de su país se involucren en conflictos ajenos, denunció que "los ucranianos tratan a los colombianos como raza inferior" y que los mercenarios son llevados al país eslavo como "carne de cañón". En diciembre, hizo un llamado al líder del régimen de Kiev, Vladímir Zelenski, para que libere a los colombianos "engañados" que "parecen estar secuestrados en Ucrania".
- A principios de diciembre, el Congreso colombiano aprobó una ley que proscribe el mercenarismo. Petro, por su parte, reafirmó que el Estado no tiene por qué financiar el entrenamiento de personal militar que luego se ponga al servicio de narcotraficantes o se incorpore a guerras en el extranjero.
- Mientras, en Rusia, se llevan a cabo procedimientos judiciales en contra de mercenarios de varios países que combaten del lado de Kiev, entre los que se encuentran varios colombianos, algunos de los cuales ya han sido sentenciados.