El 68 % de los argentinos creen que los dueños de laboratorios que produjeron fentanilo adulterado tenían protección política para operar sin controles y tienen vínculos con redes de narcotráfico o crimen organizado, revela una encuesta de Poliarquía, difundida por La Nación y realizada entre el 13 y el 15 de agosto.
La crisis sanitaria por la distribución de fentanilo contaminado en cientos de hospitales del país ya ha dejado un saldo de más de 100 muertos y 45.000 pacientes afectados. Esta situación ha generado desconfianza entre la población, haciendo repensar a muchos su decisión de acudir a un centro médico para recibir asistencia.
El 45 % de los 600 encuestados considerarían posponer algún tratamiento médico en hospitales o clínicas debido a esta emergencia, mientras que el 7 % evitaron tratamientos. Otro 36 % tuvo suficiente confianza como para no postergar nada y no evitó tratamientos necesarios.
Mientras crece la presión desde la Cámara de Diputados para que se inicie una investigación, 24 personas ya han sido imputadas. En ese sentido, el 69 % de los argentinos que tomaron parte en la encuesta creen que los dueños de los laboratorios tienen protección política o judicial para frenar la investigación, al tiempo que otro 24 % se inclina a pensar lo mismo, aunque no están seguros.
Entretanto, el 87 % opina que este tema debería estar entre las prioridades del Congreso y del Gobierno nacional. Los responsables por lo ocurrido con el fentanilo adulterado serían en mayor medida las autoridades del Ministerio de Salud, según el 31 % de los encuestados; "todos por igual", en opinión del 29 %; y "los hospitales que lo administraron", según el 18 % de los participantes.
El 13 % culpó a los laboratorios que fabrican el producto, mientras que el 9 % sostuvo que los más responsables por la situación son los organismos de control como la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat).
- Esta semana, se dio a conocer que, entre noviembre y diciembre del año pasado, la Anmat detectó graves irregularidades en la seguridad del Laboratorio Ramallo, pero le permitió continuar con la fabricación del medicamento hasta febrero, cuando los lotes contaminados ya habían sido distribuidos.
En abril, estalló un inusual brote de enfermedades respiratorias en el Hospital Italiano de La Plata, y no fue hasta el 8 de mayo que la Anmat emitió una alerta para que en ningún hospital del país se utilizaran dosis de esa serie. Para ese momento, 14 personas ya habían fallecido.
La emergencia sanitaria ha sumido en una crisis al Gobierno. El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, culpó a la Anmat, a pesar de que él mismo anuncia a diario el fin de controles de todo tipo.
