EE.UU. anuncia cargos inéditos contra una mexicana

La Justicia estadounidense acusó por vez primera a una ciudadana mexicana por presuntamente "brindar apoyo material" al Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), designada en enero pasado por el presidente Donald Trump como organización terrorista extranjera.

La mujer, identificada como María del Rosario Navarro-Sánchez, está sindicada por su eventual participación en el "suministro de granadas al cártel", así como "en tráfico de inmigrantes, tráfico de armas de fuego, contrabando de dinero en efectivo a granel y tráfico de narcóticos en su nombre", según se lee en un comunicado difundido este viernes por el Departamento de Justicia.

De acuerdo con documentos judiciales, Navarro-Sánchez, de 39 años, "conspiró con otros para proporcionar e intentó proporcionar granadas al CJNG, una organización terrorista extranjera designada", apunta el documento.

A esto se suman cargos de "conspiración para contrabandear y transportar inmigrantes a EE.UU., compra y tráfico de armas de fuego a través de intermediarios, conspiración para contrabandear grandes cantidades de dinero en efectivo y conspiración para poseer una sustancia controlada con la intención de distribuirla".

Dos operativos 'antinarco' y un gran silencio: el cable suelto entre México y EE.UU.

En la misma causa figuran los ciudadanos mexicanos Luis Carlos Dávalos-López y Gustavo Castro-Medina. En el caso de Dávalos López, se le investiga por su eventual responsabilidad en el tráfico de personas migrantes, así como en la compra de armas de fuego, mientras que Castro-Medina está acusado de comprar armas de fuego por medio de intermediarios, conspirar para poseer una sustancia ilícita con interés de distribuirla y poseer una sustancia controlada con miras a su distribución.

Mensaje

"Cárteles como el CJNG son grupos terroristas que causan estragos en las comunidades estadounidenses y son responsables de innumerables muertes en EE.UU., México y otros lugares", sostuvo la fiscal general de EE.UU., Pamela Bondi.

En opinión de la alta funcionaria, "este anuncio demuestra el compromiso inquebrantable del Departamento de Justicia con la seguridad" de las fronteras de EE.UU. y la "protección" de sus ciudadanos "mediante un procesamiento judicial eficaz".

Por su lado, la fiscal federal interina para el Distrito Oeste de Texas, Margaret Leachman, consideró que los cargos presentados contra Navarro-Sánchez "envían un mensaje contundente a las filas de cárteles como el CJNG […], así como a quienes los apoyan en diversas funciones, de que las fuerzas del orden estadounidenses están intensificando la presión para combatir las prácticas migratorias ilegales y desmantelar el contrabando de drogas y armas de fuego ilícitas".