¿Por qué un decreto de Italia impacta duramente en varios países de Latinoamérica?

El Gobierno de Italia, liderado por Giorgia Meloni, aprobó un drástico cambio en la legislación de ciudadanía que afecta a los descendientes de italianos en el extranjero, limitando el otorgamiento de esta a dos generaciones.

El decreto, que fue aprobado el pasado 28 de marzo por el Consejo de Ministros, entró en vigor al siguiente día. Esto ha generado incertidumbre entre los descendientes de italianos en algunos países de Latinoamérica, como Argentina, Brasil, Uruguay y Venezuela, que agrupan al mayor número de estas personas, ya que estas naciones recibieron decenas de miles de inmigrantes italianos entre la segunda parte del siglo XIX y la primera del siglo XX.

El Ministerio de Relaciones Exteriores, que propuso las medidas, explicó, en un comunicado el pasado viernes, que el decreto aprobado "establece que los descendientes de italianos nacidos en el extranjero serán automáticamente ciudadanos solo por dos generaciones: solo aquellos que tengan al menos un padre o abuelo nacido en Italia serán ciudadanos desde el nacimiento".

Se indica que los hijos de italianos adquirirán automáticamente la ciudadanía si han nacido en Italia o si, antes de su nacimiento, uno de sus padres ciudadanos ha residido en Italia durante al menos dos años continuos.

Esto cambia radicalmente las reglas, puesto que según recoge el portal de periodismo para migrantes InfoCivitano, la ciudadanía italiana por 'ius sanguinis' (derecho de sangre) se había transmitido históricamente sin límite generacional.

En el decreto se establece, además, que la ciudadanía ya no se podrá tramitar en los consulados, sino en una oficina especial de Cancillería, aunque habrá un período de transición de aproximadamente un año para la organización de esa entidad; no obstante, las solicitudes de reconocimiento documentadas y presentadas antes del 27 de marzo de 2025 se procesarán de acuerdo con las normas anteriores.

"Evitar abusos"

El ministro de Asuntos Exteriores, Antonio Tajani, indicó que con la nueva legislación "el principio del 'ius sanguinis' no se perderá", sino que se están estableciendo límites precisos. Agregó que los cambios se han hecho "para evitar abusos o fenómenos de comercialización de pasaportes italianos".

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De acuerdo con la Cancillería, los países de mayor emigración italiana han tenido un fuerte aumento en el reconocimiento de la ciudadanía en los últimos años. "Desde finales de 2014 hasta finales de 2024, los ciudadanos residentes en el extranjero pasaron de aproximadamente 4,6 millones a 6,4 millones: un aumento del 40 % en 10 años", detalló.

Mencionan que, por ejemplo, Argentina pasó de unos 20.000 reconocimientos en 2023 a 30.000 al año siguiente; en Brasil, de más de 14.000 registrados en 2022 aumentó a 20.000 el año pasado; y en Venezuela se contabilizaron casi 8.000 procedimientos en 2023.

Micaela Bracco, responsable del Patronato Instituto Nacional de Asistencia Social (Inas) en Argentina, comentó, en declaraciones a La Nación, que dicho decreto "viola importantes normas constitucionales; discrimina, estableciendo categorías de ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda; estigmatiza a los descendientes de los italianos residentes en el mundo; y, lo que es también muy grave, no considera un periodo transitorio".

Por su parte, Aldo Lamorte, integrante del Consejo General de los Italianos en el Extranjero (CGIE), dijo al diario uruguayo El País, que "son medidas intempestivas, no se comprende la urgencia. Está considerado como un tema de seguridad nacional y se plantean en el texto temas como factor de riesgo grave y hace mención a armonizar criterios con los socios europeos".

Aún no está dicha la última palabra sobre este asunto, pues el Parlamento de Italia aún tiene un máximo de 60 días, contados desde el pasado viernes, para aprobar o derogar este decreto-ley.