"Abusos corporativos" de Repsol y "escasa" reacción de España: nuevas denuncias por derrame en Perú

El derrame de petróleo en la refinería La Pampilla, propiedad de la empresa española Repsol, provocó el peor desastre ambiental de los últimos tiempos en Perú. Una tragedia ecológica que todavía afecta el mar peruano y arroja serias obligaciones.

Sobre esto, el miércoles una serie de organizaciones que contaron con el auspicio de la Federación Internacional por los Derechos Humanos, difundieron un informe titulado 'Repsol, una catástrofe que se pudo evitar', que también apunta a la responsabilidad de Perú y España.

"El desastre ecológico, ambiental y social [...] es sin duda un hecho sin precedentes que, hasta la fecha, sigue repercutiendo negativa y gravemente en el ambiente y en la vida de las personas afectadas y sus familias. Por estos hechos y estas repercusiones, hay responsabilidades, tanto de REPSOL como del Estado peruano, así como del Estado español", afirman.

Fueron casi 11.900 barriles de petróleo que fueron vertidos en las playas del distrito de Ventanilla, en la provincia constitucional del Callao, que no solo dañó el medioambiente, sino que afecta en la actualidad a gran cantidad de familias que viven de la pesca.

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En el texto se mencionan varias irregularidades, como por ejemplo, la aseveración de la compañía de que el derrame estuviese "controlado". "Se evidenció que el volumen de barriles vertidos al mar y el área afectada era mucho mayor al reportado por la empresa el 16 y 17 de enero", se lee.

"La empresa respondió muy lentamente al llamado de ayuda, con indiferencia, negando su responsabilidad en todo momento, lo cual fue expuesto a nivel nacional con dos elocuentes entrevistas de sus altos directivos en programas televisivos de señal abierta", añadió.

A pesar de que el 13 de abril de 2022 Repsol declaró finalizada la limpieza de 28 playas contaminadas por el derrame de petróleo, el 15 de agosto las autoridades ambientales peruanas aseguraron que al menos 25 playas siguen contaminadas con hidrocarburos, refirió.

"Estos abusos corporativos han generado impactos que han afectado de manera grave distintos derechos humanos, como el derecho a un medio ambiente sano y protegido, al trabajo, a la alimentación, a la salud y a la identidad de las personas que viven en los distritos perjudicados", dijo.

En la misma línea de lo esbozado por pescadores, se indica que Repsol "tampoco ha rendido cuentas en forma apropiada de cómo se ha abordado este impacto múltiple sobre los derechos humanos, así como de los procesos que le permitirán reparar las consecuencias negativas que ha provocado".

El rol de los Estados

Asimismo, existe un nivel de responsabilidad compartida entre el Estado peruano y español, se sostiene en la investigación presentada en el auditorio José María Arguedas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en Lima.

"En el caso de Perú, el Estado es responsable por no haber garantizado el oportuno respeto de los derechos humanos en las operaciones de Repsol en su territorio. No llevó a cabo una adecuada fiscalización de las medidas de prevención de riesgos de la empresa ni veló porque la empresa diera una respuesta adecuada una vez producido el derrame", afirmó.

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Además, lo consideró "responsable de no haber adoptado medidas adecuadas para garantizar los derechos humanos de las personas afectadas por el derrame de petróleo".

En el caso de España, "el Estado es responsable por no haber garantizado que una empresa domiciliada en su territorio respetara los derechos humanos en el marco de sus operaciones en el extranjero". "Desde que ocurrió el derrame, las declaraciones públicas de representantes españoles han sido escasas y la embajada española no se posicionó hasta el 20 de enero, cinco días después del derrame", agrega.

El documento también explica que "incumplió su obligación de garantizar el respeto de los derechos humanos en las operaciones de sus propias inversiones empresariales en el extranjero, teniendo en cuenta que Repsol se había beneficiado de un importante apoyo financiero del Estado español para la renovación de la refinería La Pampilla".

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