México reitera ante corte de apelaciones de EE.UU. el daño a sus ciudadanos por el tráfico de armas

El Gobierno de México presentó este lunes ante la Corte de Apelaciones del Primer Circuito Federal de Boston, Massachusetts (EE.UU.), los argumentos orales —que ya habían ofrecido por escrito— de su demanda contra el comercio negligente de empresas que manufacturan, distribuyen y venden armas en territorio estadounidense.

"Fue una muy buena oportunidad para reiterar el daño que sufren las personas mexicanas, en México, por el tráfico ilícito de armas, que no deberían de existir en nuestro país", dijo, en conferencia de prensa virtual, Alejandro Celorio, consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Añadió que la audiencia también sirvió para insistir en que "es importante combatir el tráfico ilícito de armas, comenzado con el ángulo de que las empresas que las venden y las distribuyan las comercien de una manera transparente, responsable y con rendición de cuentas".

México, explicó Celorio, apeló la decisión tomada en primera instancia, en la que el juez señaló que "el litigio no puede proceder", argumentando "que hay una ley de inmunidades" que le impide al país latinoamericano demandar a esas empresas. 

"Lo que estamos haciendo hoy es precisamente apelar esa decisión y esperemos que con una decisión favorable de la Corte de Apelaciones el litigio en Boston pueda continuar", señaló.

El equipo jurídico del Gobierno mexicano insistió en que la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas (PLCAA, por sus siglas en inglés), que ofrece cierta inmunidad a la industria de las armas en los EE.UU. contra demandas por responsabilidad civil, no aplica por daños ocurridos en México.

"La PLCAA no contiene ninguna disposición explícita que señale que pueda ser aplicada frente a daños provocados fuera de territorio estadounidense, por lo que no otorga inmunidad a las empresas por los daños ocasionados en México", explicó la Cancillería en un comunicado de prensa. 

"En caso de que se insista en que la PLCAA es aplicable, las acciones y omisiones cometidas por las empresas de armas forman parte del catálogo de excepciones a la inmunidad que establece la misma ley, por lo que el caso de México debe seguir su curso", añadió el Gobierno latinoamericano.

Siguientes pasos

Celorio indicó que de acuerdo con los cálculos del equipo legal, el panel de jueces de la Corte de Apelaciones, conformado por dos hombres y una mujer, podría tardar entre seis y ocho meses en dar a conocer su decisión.

El consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores indicó que el mejor escenario es que la Corte de Apelaciones decida que el juez de primera instancia, erró en su análisis jurídico y le ordene que el litigio continúe; y el peor es que le dé la razón al letrado.

Dos demandas

Además de esta demanda presentada en Boston, hay otra que el Gobierno de México interpuso ante una corte federal de Tucson, Arizona, dirigida contra cinco empresas que venden armas en ese estado estadounidense y que "están señaladas por su comercio irresponsable y negligente", al facilitar el tráfico ilícito de estos objetos al país latinoamericano, indicó Celorio.

"Ambas demandas contienen argumentos similares, la diferencia estriba en que la demanda en Boston está dirigida a empresas fabricantes y distribuidores, al origen de la cadena de distribución y venta; y la demanda en Tucson está dirigida al último punto, a los actores en el último punto de la cadena de distribución y venta", precisó.

En el caso de la demanda en Tucson, la audiencia para presentar argumentos orales se llevará a cabo a finales de agosto. Celorio adelantó que si tienen el mismo resultado que el dictado por el juez en Boston, apelarán.

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15.000 millones

El consultor comentó que en la demanda presentada por México contra la industria de las armas, hay dos petitorios esenciales. El primero es que cubran los daños que ha ocasionado al país.

"Según estimados, el Gobierno de México ha gastado cerca de 15.000 millones de dólares, arribita del 5 % de su PIB (Producto Interno Bruto), en responder a la violencia armadas generada por el tráfico ilícito de armas".

Mientras que el segundo es pedir que las empresas "cesen de conducirse de esta manera irresponsable y modifiquen sus prácticas comerciales para evitar que el tráfico se dé en un futuro".

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