Negligencias y desastres ambientales: Minas Gerais, un estado brasileño bajo la sombra de la minería

Se cumple un mes del colapso de la presa principal de residuos de la mina Córrego do Feijão en el municipio de Brumadinho, estado de Minas Gerais, donde actuaba Vale, una de las mayores empresas mineras del mundo. El suceso del pasado 25 de enero volvió a colocar a Brasil en el punto de mira del nebuloso conflicto entre el lucro empresarial y los desastres ambientales. Las cifras de muertos ascienden a 179 y los desaparecidos a 131, hasta el momento. Los supervivientes respiran los residuos que se contabilizaban en 12,7 millones de metros cúbicos que, además de haber inundado las instalaciones administrativas de la mina, también han bañado casi 150 hectáreas de vegetación. Vale, que en su informe de riesgos ambientales de 2017 cortó la parte de la auditoría que alertaba de los riesgos de quiebre del dique, continúa minimizando los impactos y sostiene que los residuos no son tóxicos.

"El hombre blanco ha hecho que la tierra vomite", declaró el cacique Hayó de la aldea indígena Nao Xohã, situada a 22 km de la presa de Brumadinho, a los medios presentes en el lugar. Esta comunidad indígena compuesta por 18 familias de las etnias pataxó y pataxó hã-hã-hãe presenció como el río Paraopeba, del que dependen para su subsistencia, escupía de sus aguas enturbiadas centenares de peces muertos en los días posteriores al colapso. La de Brumadinho se considera la segunda mayor catástrofe ambiental de Brasil después del desastre que tuvo lugar en el municipio de Mariana, Minas Gerais, en 2015, donde se rompió la presa de residuos de Fundão. La rotura de este depósito dejó escapar unos 60 millones de metros cúbicos de residuos de extracción de hierro, provocando 19 fallecidos, 3 ciudades arrasadas, 1.265 desalojados y 6 millones de personas afectadas. El balance de daños también incluye 98 especies de peces desaparecidas, 1.176 hectáreas de vegetación destruidas y la contaminación de los ríos adyacentes. Tras un duelo que ya supera los tres años, los supervivientes se debaten por conseguir algún tipo de compensación por las pérdidas que, con toda seguridad, no podrá pagar el precio de una vida arrasada por los desastres de la minería.

Samarco, la empresa perteneciente a Vale y a BHP Billiton, responsable por la mina de Mariana, perdió un 30 % de sus ingresos como resultado de la paralización de su actividad. A pesar de que gran parte de las compensaciones por daños todavía no han sido concluidas, la compañía está trabajando para obtener las licencias ambientales y retomar sus actividades en el próximo año. Los desempleados de la ciudad próxima a la mina, que aumentaron de 3 % en 2015 a 17 % en 2018, ansían la vuelta de la que era la principal renta económica del municipio. No obstante, el Ministerio Público Federal está evaluando las implicaciones de la omisión por parte de Samarco de un documento de 2014 que alertaba sobre la probabilidad de quiebre del dique do Fundão en Mariana.

Los desastres de Brumadinho y Mariana, se suman al colapso en 2014 de otra presa en Itabirito, también en el estado de Minas Gerais, para dibujar un dramático escenario ambiental del que se escinden los cuestionamientos sobre el sistema de regulación legal por parte del Gobierno central, así como las denuncias por la permisividad en la autorregulación de impactos de riesgo por parte de empresas que contratan sus propios laudos de evaluación.

Las nuevas regulaciones para la minería todavía se consideran ineficientes

De acuerdo con la Agencia Nacional de Minería, Brasil posee 218 presas de acumulación de residuos calificadas con un potencial de daño alto en caso de producirse un colapso, más de la mitad se encuentran en el estado de Minas Gerais. La de Brumadinho, aunque estaba considerada de bajo riesgo, poseía una calificación de alto daño potencial.

Como resultado del reciente desastre, la Agencia Nacional de Minería brasileña (ANM) emitió una resolución este 15 de febrero en la que, entre otros elementos, establece la prohibición de construcción de depósitos de residuos con la técnica conocida en Brasil como "de amontonamiento", en la que los residuos sólidos se acumulan ensanchando el dique de contención y aumentando la presión sobre el mismo. La ANM establece un plazo hasta 2021 para la desactivación de todas las presas de este tipo del país, estimadas en 84, y la transición a otros formatos de almacenamiento de residuos. No obstante, la medida ha sido analizada con reticencias por especialistas y movimientos sociales. "Estos residuos van a tener que ir a parar a algún lugar, estamos preocupados por los posibles impactos de estas políticas", explicó Tchenna Maso, director del movimiento de afectados por represas (Movimento dos Atingidos por Barragens, en portugués), al medio Brasil de Fato.

Asimismo, el Comité Nacional en Defensa de los Territorios subraya que, si bien la medida puede representar un gran avance para el control de riesgos en la minería, no especifica cuáles serían los métodos alternativos de almacenamiento, omite la situación de las presas de residuos abandonadas y no incluye una solución para los habitantes de las zonas próximas a los depósitos. Además, el Comité denuncia que la Agencia no haya alterado el sistema de evaluación de riesgos que a día de hoy depende de la propia compañía minera. El caso de Brumadinho, entre muchos otros, muestra que mientras que la empresa auditada sea responsable de contratar al auditor que elabora los estudios de riesgos, los laudos pueden estar incompletos o ser más favorables que el escenario real. Por este motivo, el Comité propone que la ANM organice audiencias públicas, con la participación de los afectados y de la sociedad civil para garantizar inversiones que no deriven en riesgos ni personales ni ambientales.

Por otro lado, Jarbas Vieira, integrante del Movimiento por la Soberanía Popular en la Minería (MAM), apunta a la necesidad de disminuir el ritmo de extracción mineral para no sobrecargar los depósitos. "La presa de residuos solo es la punta del iceberg. Es necesario crear medidas para frenar la extracción productivista de la minería", declaró esta activista a Brasil de Fato. Una posición que no parece alinearse a la del actual ministro de Medio Ambiente, Ricardo Salles, que se ha posicionado a favor de una mayor celeridad en la concesión de licencias ambientales para proyectos de extracción de recursos.

Minas Gerais y su dependencia de la minería

Brasil es el segundo mayor productor de hierro del mundo, por detrás de Australia. Y en el basto territorio brasileño, Minas Gerais (minas generales, por su traducción al español) es el estado con mayor concentración de actividad minera del país desde la época de la colonización. En 2018, el país vendió 11.800 millones de dólares en hierro y derivados, lo que representa casi 10.400 millones de euros. En el segundo cuatrimestre del año pasado, la empresa Vale, detentora del casi monopolio de extracción del país, ya celebraba que batía un récord de producción y estimaba alcanzar las 400 millones de toneladas para 2019. Además, anunciaba intenciones de trasladar su actual foco de producción, que se encuentra en el estado de Minas Gerais, para otras regiones del norte del país.

El hierro se encuentra generalmente combinado con cuarzo, el principal componente de la arena. Este conjunto se tritura y se somete a procesos de decantación y tratamientos químicos. De esta forma se separa la hematita, que es la parte económicamente lucrativa ya que un tercio de su composición es oxígeno y dos tercios son hierro, y se descarta el cuarzo o arena en forma de deshechos.

Estos residuos, altamente contaminantes, se almacenan en represas artificiales que deben ser sometidas a rutinarios procesos de control, aunque la fiabilidad de los laudos pueda ser cuestionada cuando la propia empresa es responsable de la investigación. A pesar de la variedad de técnicas de almacenamiento, la "de amontonamiento" es la más común y la más barata. No obstante, esta es también la opción más insegura, así lo han demostrado los casos de Mariana y Brumadinho, donde las dos presas acabaron por ceder a la acumulación de los deshechos.

Como resultado del reciente colapso de la presa en Brumadinho, la empresa Vale anunció en enero el cese de la actividad de otras diez presas en el estado de Minas Gerais construidas con este mismo sistema. Lo que fue una buena noticia para el medio ambiente generó una crisis a nivel de gestión municipal, ya que reducirá considerablemente los 'royalties' de la minería que reciben los ayuntamientos de las zonas con extracción minera. En 2018, el estado de Minas Gerais recibió 786 millones de reales mediante la llamada compensación financiera por la explotación de recursos minerales (CFEM). Esta decisión impactará sobre los presupuestos municipales de salud, educación, limpieza urbana o seguridad, entre otros, tal y como alertó el presidente de la Asociación de Municipios Mineradores de Minas Gerais, que también es alcalde Nova Lima, un municipio que recibe casi una séptima parte del total de 'royalties' del estado provenientes, en su mayor parte de la actividad de Vale.

Aunque se estima que el estado deje de ingresar unos 300 millones de reales (70 millones de euros) provenientes de la disminución de la actividad minera, el Gobierno de Minas Gerais se declara favorable al uso de tecnologías más seguras para el almacenamiento de este tipo de residuos, aunque estas alternativas todavía no hayan sido propuestas.

Luna Gámez

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