El número preciso varía según las fuentes, pero se cuentan por decenas las veces que EE.UU. ha intervenido militar, política o diplomáticamente en América Latina y el Caribe para alcanzar sus objetivos geopolíticos durante al menos siglo y medio.
Las modalidades abarcan desde guerras abiertas, invasiones militares para deponer gobiernos incómodos, ocupación, neocolonialismo, financiamiento de opositores –incluso armados–, operaciones de falsa bandera, respaldo a dictaduras, difusión de mentiras, manipulación de organismos multilaterales para revestir de legalidad acciones injerencistas e ilícitas y el uso de organizaciones no gubernamentales como mecanismos de desestabilización, por citar algunos 'modus operandi' verificables.
Un trazado histórico con arranque en la década de 1840 permite identificar dos momentos claves –a menudo superpuestos– de la consolidación de EE.UU. como potencia continental y luego global: el expansionismo y el control de sus dominios, ora por la vía de la fuerza, ya sea por medio del llamado 'poder blando', bajo la premisa del excepcionalismo. Es decir: el supuesto carácter único de la nación estadounidense, que la distingue simbólica y materialmente del resto de los países, una idea que se asienta un cúmulo de creencias económicas, militares, raciales y religiosas cuyos primeros despuntes se pueden rastrear incluso antes de su independencia del Reino Unido.
Sobre estos soportes, los territorios de América Latina y el Caribe devinieron en blanco privilegiado para el expansionismo y la dominación gradual pero incesante de Washington en la región, que ha reclamado en no pocas ocasiones como parte de su área de influencia inmediata, cuando no denominado su 'patio trasero'.
"El expansionismo (asociado a una insaciable sed de dominación) es pues rasgo estructural permanente y dominante de la sociedad estadounidense; ya sea en su forma territorial inicial y más directa, apropiándose de territorios vecinos; ya sea en su ulterior forma imperial marítima, apoderándose de islas o archipiélagos, cercanos o distantes, situados en los dos océanos que desde la segunda mitad del siglo XIX marcan el limite geográfico de sus costas, atlántica y pacífica; ya sea, como ocurriera en fechas más recientes, sin necesidad de apropiarse de nuevos territorios y países, solo sometiéndolos de forma sutil y disfrazada pero a menudo también más brutal y violenta, imponiendo su dominio económico, político, cultural y militar sobre países soberanos", detalla el historiador venezolano Vladimir Acosta en su libro 'El monstruo y sus entrañas. Estudio crítico de la sociedad estadounidense'.
El también académico de la Universidad Central de Venezuela destaca que esta tendencia se incrementó desde mediados del siglo XX a través de mecanismos como "'ayudas económicas', presiones, golpes de Estado, invasiones y guerras asesinas que últimamente disfrazan de humanitarias", en pos de imponer "su dominación mundial imperialista y neocolonizadora".
'Destino manifiesto' en acción
El proceso de consolidación estadounidense como potencia continental vino aparejado, en primera instancia, de la expansión hacia el oeste y el sur. Tras una guerra derivada de una aparente disputa fronteriza entre 1846 y 1848, México, su vecino, perdió entonces más de la mitad de su territorio. La herida, no cerrada del todo, sigue extendida como una mancha en las complejas —y necesarias— relaciones bilaterales entre los dos países.
Entonces, la doctrina del 'destino manifiesto' asestó su primer espuelazo y durante el resto de ese siglo se extendería a Nicaragua, República Dominicana, Cuba y Puerto Rico. Aunque los alegatos para justificar guerras e incursiones militares abiertas o soterradas mudaron varias veces de ropajes, el objetivo era terminar de expulsar al debilitado imperio español del continente americano e impedir que otras potencias europeas llenaran el vacío dejado por Madrid, forzada a abandonar sus mermadas posesiones coloniales ante la imposibilidad de vencer a Washington en las arenas militares.
El siglo XX inició y con él vinieron las llamadas 'guerras bananeras', con el corolario Theodore Roosevelt como brújula. Esa directriz de política exterior habilitaba a EE.UU. para "ejercer el poder policial internacional en casos flagrantes de tales irregularidades o impotencia", según reseña un documento de la Oficina del Historiador del Gobierno de EE.UU.
Entre otros puntos de la región, en la época se contaron intervenciones estadounidenses directas en la separación de Panamá de Colombia (1903), la ocupación de Nicaragua (1912-1933), la ocupación de Haití (1915-1934) y la ocupación de República Dominicana (1916-1924).
En el primer caso, el objetivo era asegurarse el control del canal transoceánico, apenas un proyecto en papel, pero que estaba destinado a convertirse en un punto clave para el comercio. A estos efectos, una vez en marcha una rebelión secesionista en el istmo, el presidente estadounidense Theodore Roosevelt envió al puerto de Colón el acorazado USS Nashville para "proteger las vidas estadounidenses en Panamá", lo que disuadió a una Bogotá disminuida por las guerras intestinas de intentar una contraofensiva.
Washington se aprestó a reconocer el recién formado país y, dos semanas más tarde, suscribió con Panamá el polémico tratado Hay-Bunau-Varilla, que contemplaba la cesión "a perpetuidad" de una franja de 10 millas de ancho a lo largo de la vía transoceánica.
El dominio colonial estadounidense sobre el istmo se extendió hasta 1999, cuando entraron en vigor los Tratados Torrijos-Carter, firmados en 1977 por el líder panameño Omar Torrijos y el presidente estadounidense Jimmy Carter, hoy cuestionados por el actual inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump.
En los casos de Nicaragua, Haití y República Dominicana, hubo diferencias en las alegaciones que se esgrimieron para justificar la ocupación militar directa, pero tuvieron como factor común la supuesta defensa de vidas e intereses extranjeros, así como el cobro de deudas en escenarios de inestabilidad política, aunque el motivo real era desplazar a las potencias europeas de un espacio ya estimado como estratégico.
Así, por ejemplo, tras ocupar el territorio haitiano, EE.UU. trató a ese país "como una caja registradora", al sustraer 500.000 dólares del Banco Nacional de Haití pocos días después de la invasión y depositar luego esas riquezas en una bóveda de Wall Street, como se recoge en un reportaje de The New York Times sobre el precio que hubo de pagar la nación caribeña por haber sido la primera de la región en independizarse de su metrópoli.
En Nicaragua, la ocupación vino aparejada con la protección a la United Fruit Company, la poderosa bananera que en aquellos tiempos ejercía un poder omnímodo sobre Centroamérica. No obstante, allí encontraron resistencia. Augusto César Sandino lideró un ejército de campesinos que puso en jaque a la poderosa tropa de ocupación. Washington se vengó asesinando a Sandino e instalando una oprobiosa dictadura dinástica que trocó su fin en 1979, cuando el Frente Sandinista de Liberación Nacional consiguió conquistar Managua y expulsar a Anastasio Somoza Debayle, 'Tachito', el último de la estirpe instalada más de cuatro décadas atrás.
La guerra contra el "comunismo"
Tras la II Guerra Mundial y el advenimiento de la Guerra Fría, el control hemisférico se hizo todavía más acuciante para Washington. El propósito era claro: el comunismo no podía tener cabida en su área de influencia.
En 1954, la Agencia Central de Inteligencia (CIA) levantó una operación de falsa bandera para deponer al presidente guatemalteco Jacobo Árbenz, quien lideraba un proyecto nacionalista y popular cuya bandera clave era la reforma agraria. Esa medida atentaba directamente contra los intereses de la todopoderosa United Fruit Company y, por extensión, contra la influencia estadounidense sobre los destinos del pequeño país centroamericano.
Así, Árbenz, admirador del 'New Deal' del presidente estadounidense Franklin Delano Roosevelt y de ningún modo comunista, fue tildado de tal y marcado como objetivo por la Casa Blanca, que puso en marcha la 'Operación WASHTUB', consistente en la siembra de armas soviéticas en suelo guatemalteco en cooperación con la dictadura somocista de Nicaragua.
Aunque el 'fake news' fue desestimado, marchaba en paralelo con la 'Operación PBSUCCESS', de mucho mayor calado y cuya línea gruesa consistía en justificar el derrocamiento del dignatario por la vía de la supuesta comprobación de sus nexos con la Unión Soviética y el comunismo internacional a través de acciones variopintas.
Tuvieron éxito. En junio de 1954, Árbenz renunció en favor de un Gobierno militar respaldado por EE.UU., que trajo consigo largas décadas de inestabilidad política y una cruenta guerra civil que se extendió por 36 años, concluyendo apenas en 1996 tras unos 200.000 muertos y desaparecidos, el genocidio de pueblos originarios y millones de desplazados.
El año 1959 marcaría un punto de inflexión en la política de EE.UU. con el triunfo de la Revolución cubana. La hegemonía estadounidense se resquebrajó irremisiblemente y Cuba se convirtió en una suerte de cáncer que debía ser extirpado cuanto antes, sin importar el método.
Las iniciativas incluyeron centenas de intentos de magnicidio contra el líder Fidel Castro, un plan de asesinato de ciudadanos estadounidenses, el envenenamiento de sacos de azúcar, un intento fallido de invasión, el financiamiento de opositores, la propagandización negativa del Gobierno de la isla y un feroz bloqueo económico que, a la fecha, como en Cuba, sigue en pie.
Desde otro costado, el proyecto socialista cubano también devino en excusa para injerencias de diversa índole, bien fuese por medio de operaciones disfrazadas de ayuda humanitaria a través de la extinta Agencia de EE.UU. para el Desarrollo Internacional (USAID), de la fragua de golpes de Estado para deponer a gobiernos adversos, como ocurrió en el Chile de Salvador Allende, o de las incursiones militares abiertas.
Tres casos, tres tiempos
Resulta acaso excesivo hacer un listado pormenorizado de todas las intervenciones estadounidenses en la región latinoamericana y caribeña. Empero, tres ocurridas entre las décadas de 1960 y 1980 dan cuenta de que Washington estaba ya más que dispuesto a dejar la trastienda y aparecer en primera fila para garantizar el control político y económico en su zona de influencia. ¿'Casus belli' común? La protección de vidas estadounidenses.
- República Dominicana, 1965
El primer objetivo de esta lógica, cebada al calor de la Guerra Fría, fue República Dominicana. En abril de 1965, un grupo de jóvenes oficiales liderados por el coronel Francisco Caamaño protagonizaron una revuelta para deponer a un régimen de facto, instalado después del derrocamiento del presidente nacionalista Juan Bosh —al que se tildó falsamente de comunista—, y procurar el retorno del líder depuesto a su posición.
En unas pocas semanas, los insurrectos obligaron a la renuncia de los cabecillas del régimen, mas hubieron de hacerle frente a un grupo de militares leales, que pretendían que el país caribeño volviera a los tiempos en los que era gobernado por la sangrienta dictadura de Rafael Leonidas Trujillo. El resultado fue una guerra civil en la que, no obstante, los partidarios de Bosh estaban apoyados por amplios sectores de la población.
Así las cosas, el presidente estadounidense Lyndon Johnson autorizó la 'Operación Power Pack', tras afirmar que la situación en la nación antillana era caótica y urgía proteger las vidas de estadounidenses y de otros extranjeros. Inicialmente se desplegaron 400 infantes de Marina, pero en su punto más álgido alcanzaron a ser 45.000. El objetivo de esta incursión era impedir "una segunda Cuba" en América Latina, como luego evidenciaron documentos desclasificados.
Está claramente establecido que la intervención estadounidense, que intentó revestirse de legalidad con el despliegue de una fuerza internacional autorizada por la Organización de Estados Americanos (OEA), fue decisiva para inclinar la balanza hacia la capitulación de Caamaño y la instalación de un nuevo Gobierno que, si bien fue refrendado en las urnas, sumió al país en una era de autoritarismo y represión que se prolongó por más de una década.
- Granada, 1983
La invasión estadounidense a República Dominicana parecía haber cerrado el ciclo de las incursiones militares directas en América Latina. Pero en 1983, el entonces inquilino de la Casa Blanca, Ronald Reagan, apostó nuevamente por el cuestionado método, eligiendo como blanco la pequeña isla de Granada, en el Caribe oriental.
Su independencia del Reino Unido, concretada en 1974, se tornó peligrosa para EE.UU. en 1979, tras el ascenso al poder por medio de un golpe de Estado incruento del Movimiento Nueva Joya, una organización marxista-leninista liderada por el abogado Maurice Bishop. Con esto, el peor temor de Washington por aquellos días se había concretado: había una "nueva Cuba" en su área de influencia.
Entre 1979 y 1983, los altos mandos estadounidenses optaron por desacreditar a Bishop y a su administración —a la que tacharon de "dictadura comunista"—, denunciar su cercanía con La Habana y Managua y afirmar, sin prueba alguna, que el aeropuerto de Point Salines, que se construía con ayuda de internacionalistas cubanos presentados ante la opinión pública como "combatientes", era en realidad una instalación en la que se pretendía asentar armas cubanas o soviéticas.
La oportunidad para la invasión apareció en octubre de 1983, cuando Bishop y otros miembros de su gestión fueron detenidos y posteriormente ejecutados por fuerzas militares locales. Entonces, Washington reflotó la acusación sobre el aeropuerto y argumentó la necesidad de salvaguardar las vidas de 600 estadounidenses que cursaban estudios de medicina en la isla, supuestamente comprometidas por la inestabilidad política reinante.
Regan autorizó la 'Operación Furia Urgente' el 25 de octubre de 1983, traducida en el despliegue de unos 7.000 efectivos militares, incluyendo tropas enviadas por la Organización de Estados del Caribe Oriental, que convenientemente solicitó la intervención directa de EE.UU. en el conflicto interno.
A diferencia de lo que ocurriera en tierras dominicanas, en Granada prácticamente no hubo resistencia. Las fuerzas de EE.UU. avanzaron sin dificultades y dejaron establecidas las condiciones para la celebración de elecciones antes de su retiro en diciembre de ese mismo año. Asimismo, se demostró fehacientemente que los internacionalistas cubanos eran civiles y por ello fueron repatriados pocos días más tarde.
En este caso, la ocupación militar garantizó condiciones para la instalación de una administración favorable a Washington bajo ropajes pretendidamente democráticos, lo que sin dudas fue posible también gracias al apresamiento y ejecución de los principales líderes del Movimiento Nueva Joya. Dicho de otro modo: la potencia norteamericana aprovechó la coyuntura interna para conseguir sus objetivos geopolíticos y tuvo éxito.
- Panamá, 1989
Seis años más tarde, el Gobierno de EE.UU., encabezado por el republicano George H. Bush, volvería a echar mano de la invasión militar para deponer ahora a Manuel Antonio Noriega, al que había acusado de tener vínculos con el Cártel de Medellín, de Pablo Escobar Gaviria. Además, se esgrimieron como motivos la protección de las vidas de los ciudadanos estadounidenses residentes en el país centroamericano, asegurar el buen funcionamiento del canal y restaurar la democracia, que para la Casa Blanca, se encontraba en suspenso desde 1968.
Así, en la madrugada del 20 de diciembre de 1989, Bush dio la orden de iniciar la 'Operación Causa Justa', cuya planeación había comenzado en febrero de 1988, cuando se encontraba al frente de la Casa Blanca Ronald Reagan, según consta en la documentación oficial. El objetivo declarado era capturar a Noriega y desarticular su estructura de poder, sustentada en buena medida en las Fuerzas de Defensa de Panamá.
Para ello, se dispusieron cerca 27.000 soldados estadounidenses —13.000 de ellos ya estaban en el terreno— que bombardearon sin piedad, además de instalaciones militares, algunos barrios populares en los que se suponía que Noriega tenía bases. Tras el fin de los ataques militares, un número significativo de tropas permaneció en suelo panameño para "participar en operaciones de estabilización y ayudar a establecer el nuevo Gobierno", encabezado por el conservador Guillermo Endara, quien se arrogó el triunfo de los comicios celebrados en mayo de 1989 y que el oficialismo norieguista se negó a reconocer.
Está fuera de cuestión que durante la invasión se cometieron gravísimas violaciones a los derechos humanos de los civiles panameños, particularmente en la Ciudad de Panamá, Colón y Río Hato, que "fueron bombardeadas e incendiadas indiscriminadamente", de acuerdo con un informe elaborado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Asimismo, aunque el número de fallecidos varía según la fuente, entidades locales han estimado que entre 2.000 y 7.000 vidas se perdieron por la acción violenta de la fuerza de ocupación.
A simple vista, el caso panameño pareciera seguir el esquema clásico de la intervención armada para deponer a una administración no alineada con los intereses de Washington. Empero, la trama detrás de la 'Operación Causa Justa' era sensiblemente más compleja.
Noriega fue agente de la Agencia Central de Inteligencia de EE.UU. (CIA) durante más de tres décadas. En ese lapso, el Gobierno estadounidense le pagó "322.000 dólares en efectivo y regalos", como reveló en 1991 The New York Times a propósito del juicio por narcotráfico que enfrentaba el ex 'hombre fuerte' de Panamá en una corte de Miami.
En adenda, el diario refirió que exasesores del general panameño y documentos gubernamentales de EE.UU. dejaron al descubierto que en la década de 1980, Noriega se ofreció a cooperar con Washington en operaciones de sabotaje contra el Gobierno sandinista de Nicaragua, como parte de los esfuerzos de la administración Reagan para deponerlo, según consta en la documentación oficial del célebre escándalo Irán-Contra.
En 1986, cuando el poder de Noriega lucía incontestable y era recibido sin problemas por las autoridades estadounidenses, la prensa local divulgó que la Administración Reagan estaba al corriente de la implicación de Noriega en actividades ilícitas, que incluían narcotráfico y lavado de activos.
Además, informes de inteligencia de la época aseguraban que el general panameño enviaba información de inteligencia a Cuba, a lo que se sumaban la cooperación con el Gobierno de Fidel Castro para sortear el bloqueo impuesto a la isla y su presunta responsabilidad en el asesinato del médico Hugo Spadafora, opositor abierto a Noriega y prestigioso combatiente, junto a los sandinistas, contra la dictadura de Anastasio Somoza Debayle. En su día, altos funcionarios panameños negaron todos los señalamientos.
Luego, Arthur H. Davis Jr., embajador estadounidense en Panamá entre 1986 y 1990, admitió que "todos en Panamá —todos en el Departamento de Estado, todos en las Fuerzas Armadas— estaban convencidos de que Noriega y su gente dejaban pasar estas drogas", al tiempo que un subcomité del Senado calificaba a Noriega "como uno de los fracasos más grandes de la política exterior de EE.UU.".
Pese a ello, los reparos de Washington hacia Noriega, según su propia versión, solo comenzaron cuando se decidió a retomar las negociaciones con Japón para construir un canal adicional en el istmo, plan que ya había adelantado el general Omar Torrijos, uno de los artífices y principal impulsor de los tratados que habrían de garantizarle a Panamá la soberanía sobre el paso transoceánico.
"El asunto llegó a un punto de coincidencia del año 1985 en adelante, en que se hicieron presiones diplomáticas a Panamá y también a los japoneses a fin de que estos disminuyeran su interés y compromiso. Así me lo hicieron conocer en diciembre de 1986, cuando asistí a Tokio por invitación de la Cámara de Comercio. Se me dijo que tenían mucha presión y que por ello suspenderían una serie de proyectos originales", contó el general en una entrevista concedida en 1993, mientras purgaba prisión en Miami.
Con el Gobierno de Guillermo Endara (1989-1994), EE.UU. recuperó su influencia política sobre Panamá, que se había visto parcialmente comprometida desde 1968 con el ascenso de Torrijos al poder. En paralelo, la nación centroamericana se erigió como un 'hub' financiero y paraíso fiscal, a condición de una inmensa desigualdad social. El canal, hoy codiciado por Trump, sigue siendo una fuente esencial de ingresos para el país y también un punto caliente de disputa geopolítica en la región.
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