¿Cómo se entrega un país? ¿Cómo firma —sin guerra ni ocupación— la cesión de su soberanía a un puñado de millonarios? ¿Y cómo, al intentar recuperarla, afronta una demanda que amenaza con quitarle un tercio de su Producto Interno Bruto (PIB)?
"¿Tienes suficiente tiempo?", pregunta por Zoom Fernando García Rodríguez, el abogado que ha tomado la palestra en contra de las llamadas Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), la "aberrante figura" que amenaza a Honduras.
Son las 9:30 de la mañana en Tegucigalpa. Sobre su escritorio hay una pila de carpetas, proyectos, informes. El archivo de un despojo.
La llegada de Xiomara Castro a la Presidencia significó un reto directo para los empresarios detrás de las ZEDE. Ella prometió derogarlas, y lo hizo. Pero desmontar un enclave no implica solo firmar un decreto.
Aunque la Corte Suprema las declaró inconstitucionales, un puñado de millonarios ha llevado su cruzada al arbitraje internacional. Así, uno de los países más empobrecidos de Centroamérica pelea ahora contra los ejecutores del experimento libertario más ambicioso del siglo XXI.
Libertarios S.L.
Para Fernando García, todo empezó en 2009. No con las ZEDE, sino con el golpe. El derrocamiento de Manuel Zelaya —entonces presidente y esposo de la actual mandataria— fue la piedra angular. Desde ese año, el país quedó al mando de una sucesión de regímenes autoritarios: el de facto de Roberto Micheletti y luego las cuestionadas administraciones de Porfirio Lobo (2010–2014) y Juan Orlando Hernández (2014–2022).
Mientras Honduras estaba contenida bajo control represivo, hacia afuera el país se caía. La condena internacional, el aislamiento diplomático y la sequía de créditos impulsaron al régimen a jugar una carta peligrosa para buscar dinero. En 2011, Lobo puso en marcha una oferta que parecía irresistible: un Estado dentro del Estado para inversionistas. Sin regulación. Sin oposición. Con carta blanca.
El modelo venía de las llamadas 'charter cities', ideadas por el economista estadounidense Paul Romer, que incluso asesoró directamente a Lobo. En Honduras, el proyecto tomó otro nombre: Regiones Especiales de Desarrollo (RED). El Congreso dio su bendición. Pero en 2012, cuatro de los cinco jueces de la Corte Suprema lo declararon inconstitucional.
Juan Orlando Hernández, entonces presidente del Congreso, tomó nota. En 2013, pocos meses antes de asumir la Presidencia, Hernández promovió la destitución de los jueces rebeldes y nominó irregularmente a magistrados afines. El camino le quedó libre para la versión recargada del experimento: las ZEDE. El mismo concepto, otro envoltorio.
"Lo hicieron a propósito", dice García. "Le pusieron ese nombre para parecerse a las Zonas Económicas Especiales que están establecidas en varios países del mundo, entre ellos, varios países de los BRICS", explica.
La diferencia no es menor. En el modelo de Zonas Económicas Especiales no se entrega soberanía. En las ZEDE, sí. El pacto en Honduras le permite a los privados hacer las leyes, elegir a su propio Gobierno, diseñar su sistema tributario y decidir cuáles serán sus tribunales.
"Lo hicieron a propósito", dice García. "Le pusieron ese nombre para parecerse a las Zonas Económicas Especiales que están establecidas en varios países del mundo, entre ellos, varios países de los BRICS", explica.
"Decían que era lo mismo y hasta usaban ciudad Mariel [en Cuba] como ejemplo de Zona Económica Especial, alegando que los 'comunistas' lo permitían y acá en Honduras no", resume García.
Nobel y caravana
El proyecto de Romer fue financiado con fondos públicos. García no lo menciona de pasada: lo deja caer como una acusación. Para hacerlo viable, también se reformaron artículos 'pétreos' de la Constitución, es decir, que no podían tocarse. Pero lo hicieron igual, con la venia de un Congreso y un Constitucional a medida. Cuando el experimento empezó a oler mal, su autor decidió salir por la puerta lateral.
Romer rompió con el Gobierno de Lobo en 2012 y denunció falta de transparencia, pero nadie detuvo la iniciativa. En 2018, el ideólogo de las 'charter cities' recibió el Nobel de Economía, junto a William Nordhaus. La noticia cayó como una bendición en los círculos empresariales que ya operaban en Honduras y que la interpretaron como una palmadita académica al delirio libertario de Estado mínimo.
Ese mismo octubre, mientras Estocolmo premiaba la teoría del "crecimiento endógeno" de Romer, una caravana de migrantes salía de Honduras. Miles de voluntades con una mochila a cuestas abandonaron su tierra expulsados por la violencia, el aumento desmedido de la pobreza y la falta de oportunidades.
Los datos del expolio
Es difícil determinar la cronología del despojo. Aunque García hizo innumerables peticiones de información, lo que llegaba a sus manos eran paquetes enteros de folios censurados. En la pantalla los muestra: una carpeta donde apenas son legibles un par de palabras. El resto está tachado como "privado" o "confidencial".
Los permisivos y secretos términos en que se establecieron los contratos son ahora la espada al cuello para Honduras. De momento, se estima que las demandas contra el país ascienden a unos 14.000 millones de dólares.
El último de los recursos fue interpuesto ante el Centro Internacional de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), en mayo pasado, por el italiano Massimo Mazzone, líder de Overseas Real State LLC (US), quien espera una retribución de 100 millones de dólares.
Honduras denunció el tratado del CIADI en 2023, pero eso no ha amilanado a los inversionistas, que diseñaron su propio entramado judicial para pasar por encima de la legislación local.
"No es fácil combatir un proyecto de muerte como ese. Tenían como aliado al Gobierno de turno, un Gobierno liderado por un narcotraficante, y se aplicó en un país empobrecido. Además, se instaló en un territorio indígena históricamente sometido", dice Bertha Oliva, histórica defensora de derechos humanos en Honduras, fundadora del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH).
El mayor demandante es un empresario venezolano estadounidense llamado Erick Alexander Briceño Márquez, ahora conocido como Erick Brimen. El inversionista es la cara visible de Próspera, una ZEDE ubicada en la isla de Roatán, que ya ha hecho potentes adquisiciones en tierra firme, según García. Se estima que tiene la propiedad del 3 % del territorio insular, actualmente habitado por la comunidad afroindígena garífuna.
"Todo estaba tan bien planificado que sabían que podían establecerse en esos territorios sin tener apenas resistencia", dice Bertha Oliva, histórica defensora de derechos humanos en Honduras, fundadora del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH). "No es fácil combatir un proyecto de muerte como ese. Tenían como aliado al Gobierno de turno, un Gobierno liderado por un narcotraficante, y se aplicó en un país empobrecido. Además, se instaló en un territorio indígena históricamente sometido", denuncia.
Las compras de terreno de Próspera se dispararon a finales de 2021, cuando parecía inminente la caída del régimen de Hernández. Su hermano 'Tony' ya había sido condenado a cadena perpetua en EE.UU. por importar y distribuir 185 toneladas de drogas y las sospechas planeaban sobre la cabeza del entonces presidente. El escenario se cumplió. Xiomara Castro ganó las elecciones ese noviembre.
En enero de 2022, Castro asumió la Presidencia. En el acto, donde estaban presente autoridades estadounidenses, la gente gritó: "¡Llévense a JOH!". En abril, Hernández fue extraditado a EE.UU. por su presunta complicidad para transportar más de 500 toneladas de cocaína desde 2004.
García afirma que el día en que el Gobierno de Castro asumió funciones, "todavía había gente [de la Administración de Hernández] en las oficinas triturando papel". "Los discos duros de todas las computadoras estaban vacíos", resalta.
Un proyecto global
El caso de Honduras podría confinarse, pero la cuestión puede ir a más. A criterio de Oliva, su país se ha convertido en "laboratorio" de un experimento "macabro" de más largo alcance.
En eso coincide García. "Ya hay movimientos en países de África, porque quieren exportar el modelo de ciudades flotantes", advierte. Tres proyectos emergen como los más visibles: la fallida 'Akon City' de Senegal, que se promocionaba como una urbe ideal para 'criptobros', pero fue suspendida por el Gobierno; el plan de la ciudad élite Eko Atlantic en Lagos, Nigeria, ideada como una burbuja de millonarios ajena al resto del país; y The Lanseria Smart City, en Sudáfrica, que luego de promoverse como un enclave modelo de sostenibilidad y desarrollo, todavía se ve como un simple asentamiento de barracas.
En Honduras, el escenario no es muy distinto. Las ZEDE solo funcionan en la ficción financiera. Sobre el terreno, la realidad es otra. Oliva destaca el caso de Próspera. El proyecto presume de tener más de 2.000 ciudadanos que compran su derecho con una membresía virtual, pero ni siquiera deben residir allí. Tampoco podrían. El lugar no tiene carreteras, ni una escuela, ni infraestructura mínima. Además, es peligroso.
Según la defensora de derechos humanos, la zona se ha convertido en escenario de crímenes violentos y en un riesgo potencial para la resistencia de los activistas. La situación es particularmente delicada, porque el país celebra en meses una nueva elección. A criterio de Oliva, la arremetida judicial de los inversionistas y el aumento de la inseguridad son parte de una estrategia para desestabilizar a la Administración de Castro —hostil a las ZEDE— y facilitar el ascenso de un Gobierno que no obstaculice sus inversiones.
"Allí da miedo a ir a inspeccionar, porque lo que hay son muertos. Los habitantes tampoco tienen mucha opción: o venden sus tierras o se van por la violencia. El problema es que nadie va a la raíz de ese problema, que son ellos [los empresarios de las ZEDE]. Al final, el impacto es político", comenta la activista. "Si vos llegás a investigar más a fondo, estás en un fango. Estás en absoluta desventaja", subraya.
El margen de maniobra tampoco es sencillo para el Gobierno hondureño, con una economía altamente dependiente de EE.UU. La mayoría de los inversionistas tiene un potente lobby en Washington. Uno de los cabilderos de Próspera ha sido César Conda, exjefe de despacho del actual secretario de Estado, Marco Rubio. Además, la primera Administración de Donald Trump supuso un respaldo clave para Hernández después de su cuestionada reelección. Cuando las calles de Tegucigalpa aún ardían por las manifestaciones contra el "fraude" y la represión había dejado al menos 30 muertos, el republicano "felicitó" a Hernández por su triunfo.
Hoy, la política de Trump comanda una guerra comercial de amplio espectro. En la mira están países como Brasil, sancionados con tarifas por imponer regulaciones a la tecnocracia estadounidense. Cortar las alas de los libertarios, en una nación como Honduras, no es un riesgo menor.
